domingo 24 de septiembre, 2017

Pinamar otra vez bajo sospecha

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La ciudad balnearia envuelta en un nuevo escándalo de probable corrupción

Pinamar otra vez bajo sospecha

La justicia está investigando una denuncia realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la cual consta que el municipio de Pinamar utilizó el nombre de un funcionario nacional para cometer un hecho ilícito por el cual se habilitó un balneario destinado –querían dejar sentado oficialmente–a la recreación de personas con discapacidades del ministerio de Salud de la Nación.

Según fuentes del Juzgado Federal nº 3 de Capital Federal, habrían ingresado por mesa de entradas de la comuna, una nota elevada por Otto Orsingher, sub-administrador de la ANMAT, con el “pedido” de la habilitación de un parador ubicado en el predio Playa Naranja, espacio público que el gobierno bonaerense utiliza en el verano para difundir diversas actividades recreativas, nota que Orsingher manifiesta que nunca firmó y que por ese motivo, inició las pertinentes actuaciones en el mencionado juzgado de CABA. El proyecto era, según afirmaron algunos funcionarios comunales, instalar un lugar adecuado para que el ministerio de Salud de la Nación lo destine a las personas discapacitadas, lo cual era una falacia.

A todo esto, el Concejo Deliberante local pidió la interpelación del intendente Hernán Murriale y tres de los funcionarios de su administración, mientras se instaura el correspondiente sumario por un presunto fraude y que llevarían hasta las últimas consecuencias, admitieron varios concejales.

Según revela  el diario La Nación, Murriale reconoció la existencia de las anomalías en la habilitación y manifestó que dicho parador fue clausurado inmediatamente, pero a la vez aclaró que los funcionarios municipales habrían sido sorprendidos en su buena fe. También, el intendente dejó entrever que no tiene dudas que esta es otra denuncia mediática de la oposición para dificultar la gobernabilidad del municipio a su cargo.

La maniobra, que se está investigando ahora en la justicia, fue denunciada oportunamente por el concejal Lucas Ventoso, con el propósito de que se averigüe qué habría pasado con esa habilitación y que se determine si administrativamente habría irregularidades. Quedó si confirmado que la nota para solicitar tal habilitación fue ingresada por el secretario de gobierno Juan José Rodríguez a la mesa de entradas, nota que Orsingher dice jamás haber firmado.

Tanto Murriale, como Rodríguez y Leandro Sabore (a cargo de la fiscalización comunal), son los funcionarios denunciados e investigados por el probable ilícito. Otra vez Pinamar en la mira bajo sospecha, una sospecha que parece no tener final.

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