lunes 22 de enero, 2018

Boudou afronta penas de 6 años e inhabilitación.

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Habría frenado la modernización de la Casa de la Moneda para favorecer a Ciccone, a la que ya manejaba a través de sus socios.

Boudou afronta penas de 6 años e inhabilitación.

Finalmente, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue citado por el juez Ariel Lijo para prestar declaración indagatoria en la causa de la ex Ciccone, por la que está imputado por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” -por favorecer un salvataje financiero a la imprenta de billetes-, y “enriquecimiento ilícito”.

El escándalo estalló en febrero de 2012, cuando una mujer, Laura Muñoz, acusó a su marido Alejandro Vanderbroele de ser el “testaferro” de Boudou y de mantener negocios espurios relacionados con la impresión de papel moneda.

Ahora bien, para entender la denuncia contra el funcionario es preciso remontarse al año 2009, cuando la imprenta privada Ciccone Calcográfica entra en crisis. La empresa era la única que podía fabricar billetes y documentos de seguridad. Venía mal los últimos años, pero la decisión del Ministerio del Interior de quitarle el contrato de elaboración de pasaportes y de DNI sellaron su destino.

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a la Justicia la quiebra de la imprenta, a la cual le reclamaba una deuda de $239 millones. En un fallo, el Juzgado en lo Comercial Nº 8 terminó decretándola. No obstante, pocos meses después, el organismo tributario avaló un levantamiento de la quiebra en favor de la firma The Old Fund, que presidía Alejandro Vandenbroele. Ello fue luego de que la empresa London Supply, una contratista del Estado, se presentara ante los tribunales y depositara 1,8 millones de pesos.

En septiembre de ese año quedó sin efecto la quiebra de la antigua Ciccone y la imprenta pasó a manos de The Old Fund. En estas circunstancias fue cuando Amado Boudou habría jugado un rol clave. El entonces ministro de Economía envió una nota a la AFIP solicitando que se otorgue a la imprenta una moratoria especial.

Casi en simultáneo, la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno exigió a la empresa Boldt abandonar la planta fabril de Don Torcuato que había alquilado durante el desarrollo del expediente de quiebra. En 2011, The Old Fund toma el control y en julio es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana.

El nudo delictivo está en los vínculos de cada uno de los protagonistas de la operación. El titular de The Old Fund, Vandenbroele, era un empleado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Cabe recordar que, cuando llegó la gente cercana al vice en Ciccone, la fábrica de billetes tenía una relación casi monopólica con la Casa de Moneda, entidad que regula el papel moneda y depende del Ministerio de Economía.

Por orden de Economía, la Casa de Moneda contrató en 2012 a la Compañía de Valores Sudamericana para fabricar billetes de 100 pesos. El negocio le iba a significar a la imprenta unos 50 millones de dólares. Tras el estallido del escándalo, la compañía terminó siendo estatizada por el gobierno nacional.

Según la recolección de las pruebas y el relato de los testigos, el fiscal que investiga la causa, Jorge di Lello, cree que Boudou se interesó en una empresa que iba a ser manejada por su entorno, y que dependía de un área del Estado a su cargo.

Desde el inicio de la causa, el vice niega todo vínculo con Vandenbroele y el paquete accionario de The Old Fund. Sin embargo, está acreditado en la causa que el empresario vivió en uno de sus departamentos de Puerto Madero, pagó el servicio de televisión por cable y solicitó servicio de delivery de comidas.

Di Lello imputó en la causa por el mismo delito que Boudou al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La lista de acusados se completa con Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, dos de sus yernos; José María Núñez Carmona, socio de Boudou; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, entre otros.

La ley penal establece que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública “será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.

BOUDOU FRENO LA MODERNIZACION DE LA CASA DE LA MONEDA

Amado Boudou fue llamado a indagatoria. Deberá explicar, según el juez Ariel Lijo, su participación en la maniobra de adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica, la máquina de hacer billetes.

En la citación que dispuso Lijo, después de dos años de investigación, describió el hecho con precisión. Básicamente le dio valor de prueba judicial a lo que desde el periodismo se viene contando desde 2012.

Que un grupo de allegados a Boudou, con su socio José María Núñez Carmona al frente pero en la sombra, se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone. Esa compañía iba a ser contratada por la Casa de Moneda para imprimir 410.000.000 de billetes de 100 pesos. Boudou, como ministro de Economía, tenía bajo su órbita a la Casa de Moneda. Allí reside el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou, según explica el juez, se quedó con Ciccone a través del ignoto fondo de inversión The Old Fund cuya cara visible era Alejandro Vandenbroele, conocido de Núñez Carmona.

Entre las pruebas que enumera Lijo en las que fundamenta el llamado a indagatoria está el cruce de llamados telefónicos y una declaración testimonial que reveló un hecho poco conocido alrededor del Caso Ciccone.

El 20 de mayo pasado declaró ante Lijo Ariel Rebello, quien fuera presidente de la Casa de Moneda antes de la llegada de Katya Daura, enviada de Boudou a esa repartición.

Rebello dijo ante el juez Lijo que fue Boudou quien “verbalmente” le aseguró que Casa de Moneda no iba a poder conseguir avales para el crédito que necesitaba para modernizar la planta. Estaba en marcha una compra a la empresa suiza Konig & Bauer, conocida en el mundo como KBA, una de las más importantes del mundo, para que Casa de Moneda pudiera abastecer los billetes necesarios desde el Estado.

La licitación millonaria había comenzado en 2009. Se iban a necesitar unos 500 millones de pesos de inversión. Sin el aval de Economía no se podía conseguir el dinero que iba a prestar el Banco Nación. Y fue Boudou, según admitió Rebello en su declaración testimonial, quien negó esa posibilidad. Casi simultáneamente con una modificación accionaria de The Old Fund, fue una gerencia de la Casa de Moneda -en manos de gente de Boudou- la que dio por cerrado el caso.

El juez describe este hecho de la siguiente manera: “… con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado Nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de la Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central. Concretamente, el 16 de junio del año 2009 se inició en Casa de la Moneda una licitación pública para adquirir el equipamiento integral para la producción de billetes, donde se calculó una inversión de $521.723.160, aprobada el 27 de agosto de 2009 por la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía.

Luego de casi un año y medio de avanzado trámite, Amado Boudou, en su calidad de Ministro de Economía, habría ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la compra de los equipos. En este sentido, el 2 de noviembre de 2010, pocos días después de que se modificara la composición accionaria de The Old Fund, se corrió vista a la Gerencia de Administración y Finanzas de Casa de la Moneda y, al día siguiente, esa gerencia informó que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos suficientes para constituir una carta de crédito por el total de la inversión. Finalmente, se dejó sin efecto la licitación y se ordenó desglosar el requerimiento de compra”.

Explican los que conocen aquel episodio que el ex presidente Néstor Kirchner, ante la necesidad de mayor impresión de billetes, había ordenado aggiornar la Casa de Moneda. Para eso había que comprar máquinas nuevas y por eso se había encaminado la licitación que tenía un costo importante pero accesible para el Estado Nacional. Pero el 27 de octubre de 2010, cuando Kirchner murió, las cosas comenzaron a cambiar. Según el juez, como Boudou ya se había quedado con Ciccone y él iba a enviar hacia allí buenos contratos, la compra de máquinas y por ende la modernización de la Casa de Moneda quedó trunca. Se hizo imperioso entonces contratar a Ciccone Calcográfica, bautizada entonces Compañía de Valores Sudamericana (CVS), en ese momento, según la investigación judicial, en manos de Boudou y sus allegados.

ADNbaires/Fuente Omar Lavieri/Infobae

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