lunes 25 de septiembre, 2017

El Gobierno culpó del default a EE.UU. y piensa en ir a La Haya.

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Capitanich atacó a Griesa y a Pollack. Prorrogan deuda de 12 provincias.

El Gobierno culpó del default a EE.UU. y piensa en ir a La Haya.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que Thomas Griesa actuó con mala praxis y que el mediador Daniel Pollack es un incompetente.

Vencido el plazo legal para cumplir con el pago a los bonistas que sí ingresaron al canje, el gobierno nacional aseguró que es “una patraña absurda” decir que el país se encuentra en default, ya que intentó girar el dinero a sus acreedores pero no pudo hacerlo por la orden del juez Thomas Griesa.

“Argentina ha pagado, por lo tanto son fondos que no pertenecen a la Argentina, pertenecen a los tenedores (de deuda). Ellos deben exigir su pago. Hay que admitir la responsabilidad de los fondos fiduciarios, de los agentes financieros y de los tenedores, que deben exigir al juez la recepción de los fondos”, señaló esta mañana Jorge Capitanich.

En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete disparó duras críticas no sólo para el juez Griesa, sino también para el mediador Daniel Pollack (quien aún está a cargo de facilitar conversaciones entre la Argentina y los holdouts), el gobierno de Barack Obama y hasta la comunidad internacional en su conjunto.

Capitanich aseguró que tanto el magistrado como el special master designado para facilitar las conversaciones son “agentes de los fondos buitre” que pretenden otorgarles “una ganancia de 1608%”. Incluso acusó de “incompetente” a Pollack por no haber llevado las conversaciones a buen término.

Pero el dedo acusador no cayó sólo sobre ellos dos, sino que también apuntó contra toda la Justicia norteamericana y también el gobierno de ese país: “La sentencia fue convalidada en todas las instancias del Poder Judicial. Por esta mala praxis, los Estados Unidos son responsables de no actuar adecuadamente. Que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial de los Estados Unidos es independiente. Es independiente de la racionalidad y de decisiones incompatibles con el sistema financiero internacional, pero no es independiente de los fondos buitre”.

En un duro tono, poco habitual en sus conferencias de prensa, Capitanich consideró que “el sistema financiero y la comunidad internacional no pueden avalar la acción de estos grupos minúsculos”. Pero luego también disparó contra ellos: “¿Qué podemos esperar del liderazgo mundial de esta comunidad internacional que ni siquiera es capaz de intervenir en guerras cuando matan personas? No les importa nada. Ni vulnerar la soberanía de países, ni que muera gente”.

Ante ese panorama, anticipó además que se abren para la Argentina “múltiples instancias en materia internacional”, como pueden ser apelar a los tribunales de La Haya, recurrir a distintos organismos internacionales para que emitan su opinión y el debate en la ONU acerca de la necesidad de una regulación para las reestructuraciones de deuda soberana.

El jefe de ministros negó contactos con los bancos que negocian la compra de la deuda de los holdouts. No obstante aclaró que puede haber negociaciones entre privados en las que el Estado no tenga ninguna participación, sean estos bancos o grupos de bancos.

Los rumores en el mercado indican que Adeba, la asociación que agrupa a las entidades financieras argentinas, está gestionando algún tipo de acuerdo para quedarse con los bonos en default y, en segunda instancia, negociar un repago con el Gobierno.

Capitanich resaltó que el Estado no puede brindar ningún indicio que pueda habilitar factores colaterales de los prospectos del canje. “Por ejemplo: hay una cláusula, la cláusula RUFO, que puede generar consecuencias para el Estado si interviene de manera directa o indirecta por el principio de alter ego”, analizó.

De ese modo se refirió a la posibilidad de que una salida consensuada sirva de argumento para gatillar la famosa cláusula RUFO, que le impide a la Argentina ofrecer mejores condiciones que en los procesos de canje, caso contrario surgirían demandas millonarias.

“Hemos estudiado multiplicidad de variantes, pero en todos los casos la posición de Argentina era eliminar cualquier acción o decisión que implique disparar el riesgo sistémico de disparar la cláusula RUFO. El sistema judicial de los Estados Unidos no resulta confiable. Está absolutamente demostrado que no es confiable”, completó el funcionario. (Fuente Infobae).

PRORROGAN DEUDA DE 12 PROVINCIAS
La tregua causó malestar en gobernadores que critican el plan de regulación del petróleo.

La Casa Rosada adoptó una estrategia distinta para la reprogramación de las deudas de las provincias y, como si hubiera clavado una estaca, generó malestar entre los gobernadores.

La mayoría de los mandatarios, con las cuentas ajustadas, aguardaban una definición después del denominado “Día D” en la pelea con los fondos buitre. Y finalmente llegó: fueron notificados para suscribir el convenio de prórroga doce caciques y, llamativamente, quedaron afuera de la cita tres mandatarios en pie de guerra contra el proyecto oficial para regular el petróleo.

Al menos hasta anoche, en el Gobierno daban por sentada la realización de un acto, a las 18, para firmar la tregua que será por tres meses, cuya renovación está sujeta al cumplimiento de metas fiscales y financieras de los distritos.

En la agenda figuraba a la cabeza de la actividad Cristina Kirchner, en lo que sería su primera aparición luego de las febriles negociaciones en Nueva York.

“Se va a hacer en dos tandas”, explicaron a LA NACION fuentes oficiales, aunque no ahondaron en las razones para desdoblar el trámite.

Así, de las 17 provincias comprendidas en el Programa de Desendeudamiento, creado en 2010, hay cinco que esperarán otro turno. Entre ellas, Neuquén, Mendoza y Chubut, enfrentadas con la Casa Rosada por una iniciativa que aporta un nuevo marco legal al negocio de los hidrocarburos. Completan la lista de las excluidas Río Negro y Corrientes, conducida por Ricardo Colombi, un radical fluctuante.

La marginación abonó, en parte, las denuncias del senador Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y líder del sindicato de petroleros privados.

La semana pasada había asegurado que su provincia, conducida por el gobernador Jorge Sapag (MPN), estaba siendo amenazada con no reprogramar el pasivo si no aplacaba su resistencia a la norma elaborada por Miguel Galuccio, actual CEO de YPF.

MANDATARIOS PREOCUPADOS

Tanto Sapag como el mendocino Francisco Pérez y el chubutense Martín Buzzi son los más convencidos en su postura de no ceder ante un texto que, consideran, recorta las facultades y perjudica a sus economías.

En la nómina de apartados también está el gobernador Alberto Weretilneck, de Río Negro, otra comarca petrolera. Si bien son miembros de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que reúne a diez provincias, fueron citadas a la suscripción de hoy Salta, Jujuy y Santa Cruz, que, por caso, tienen una posición menos díscola.

“Vamos por las dudas de que se arrepientan y nos llamen a último minuto”, ironizaron anoche desde una de las gobernaciones relegadas del anuncio.

Si bien se trata de gobernadores cercanos a Olivos y no hay intención de romper el vínculo con el Gobierno, se muestran poco flexibles a la hora de aceptar el grueso de la propuesta oficial.

Tomaron, además, como posible demora en las conversaciones la ausencia forzada del ministro de Planificación, Julio De Vido, habitual nexo para los caciques, internado por una hemorragia abdominal.

Para la presentación de hoy se cursaron invitaciones a un grupo de doce mandatarios, que recibieron con alivio la noticia. No es un dato menor: el trimestre pasado la refinanciación implicó un alivio de 1800 millones de pesos.

Así, hoy, habrá sillas para los gobernadores Daniel Scioli (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Chaco), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Eduardo Fellner (Jujuy), Maurice Closs (Misiones), José Luis Gioja (San Juan), Daniel Peralta (Santa Cruz), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), y José Alperovich (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Luis Beder Herrera (La Rioja).

Habrá, en paralelo, otra cumbre con menos pompa: una charla informal entre algunos gobernadores petroleros para afinar su táctica frente al proyecto que la Casa Rosada quiere enviar este mes al Congreso. (Fuente La Nación)

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