martes 12 de diciembre, 2017

Imputan a Boudou en un ilícito por viviendas.

Comentarios desactivados en Imputan a Boudou en un ilícito por viviendas.

Por eso allanan el municipio del Partido de la Costa / Piden que se investiguen otras obras.

Imputan a Boudou en un ilícito por viviendas.

El fiscal Pollicita abrió una investigación para determinar si hubo maniobras fraudulentas con un plan de viviendas y con la construcción de dos escuelas en el Partido de la Costa.

El concejal del Municipio de la Costa Marcos Alfredo García denunció al ministro de Planificación, Julio de Vido, y al actual vicepresidente Amado Boudou. Hizo lo mismo con el ex intendente del Partido de la Costa Juan de Jesús y su hijo y actual mandatario local, Juan Pablo de Jesús. Lo que sostiene García implica los delitos de violación de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y tráfico de influencias. La presentación apunta a una licitación del año 2005 para la construcción de 486 viviendas y dos escuelas en el Municipio de la Costa. El presupuesto original fue de 20 millones de pesos y luego se amplió en seis millones más.

En la denuncia se explicó que la obra fue adjudicada a la empresa Cantera FC S.A, que debía finalizar la construcción en 2006, y que a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total, las dos escuelas y más de la mitad de las casas no habían sido terminadas. La empresa había entrado en convocatoria de acreedores.

El denunciante dijo que Cantera “habría suscripto un convenio con la Municipalidad de la Costa en virtud de la cual la última le habría pagado sumas de dinero a pesar de los incumplimientos en la obra pública referida”.

Por aquel entonces Boudou era el secretario de Hacienda del Municipio de la Costa. El denunciante aseguró que “hay que investigar por qué se pagó en su momento a Cantera y por qué se vuelve a pagar”. “Hay que investigar consiguientemente a Amado Boudou y al actual intendente del Municipio de la Costa, Juan Pablo de Jesús, por querer pagar ahora un monto de deuda que él mismo, dijo que no se podía pagar porque la obra no se hizo cuando contestó la demanda del Banco Hipotecario”, continuó.

El fiscal abrió la investigación e imputó a De Jesús y a Boudou por lo actuado en el Municipio de la Costa. Y a De Vido porque los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Pollicita firmó el requerimiento de instrucción para que el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, realice varias medidas de prueba.

El fiscal pidió -según fuentes judiciales- que sea citado el concejal García -que ha tenido algunos problemas judiciales- para que aporte más datos sobre el caso. También solicitó que Lijo pida información sobre la constitución y el movimiento societario de Cantera. Y además que se realice una inspección ocular en el lugar donde se construyeron a medias las viviendas y en las escuelas ubicadas en San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó.

Pollicita pidió que, en el caso de existir algún estudio sobre las viviendas, la Auditoría General de la Nación lo envíe al juzgado de Lijo. Otras medidas de prueba -que no trascendieron- fueron solicitadas por el fiscal, que de esta manera abrió una nueva investigación judicial en la que está imputado el vicepresidente de la Nación. (Fuente Omar Lavieri olavieri@infobae.com/Foto AFP)

ALLAN EL MUNICIPIO DEL PARTIDO DE LA COSTA

El juez federal Ariel Lijo ordenó la medida en Mar del Tuyú; el magistrado investiga al vicepresidente por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas.

El juez federal Ariel Lijo ordenó hoy las medidas pedidas ayer por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga irregularidades en la construcción de viviendas en el Partido de la Costa, donde están imputados el vicepresidente Amado Boudou y el Ministro de Planificación Julio De Vido .

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, el juez ordenó a Gendarmería Nacional allanar la sede municipal ubicada en la localidad balnearia de Mar del Tuyú en busca de los expedientes de la contratación para la construcción de viviendas y dos escuelas.

Además ayer dispuso que se retire de la Inspección General de Justicia (IJG) el legajo de la firma constructora, Cantera FC, a la que se adjudicaron las obras, que actualmente está en quiebra.

La causa fue iniciada por una denuncia realizada la semana pasada por el concejal Marcos García, patrocinado por el abogado Ricardo Monner Sans.

LA CAUSA

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que Boudou fuera investigado junto con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el intendente del Partido de la Costa, Pablo de Jesús, y su padre, el ex intendente Juan de Jesús, acusados todos de haber incurrido en “maniobras fraudulentas” con fondos destinados a construir viviendas licitadas en 2005, cuando Boudou era secretario de Hacienda del municipio. El fiscal también imputó a los directivos de la empresa Cantera FC SA, que estaba a cargo de las obras inconclusas.

“Será objeto de investigación en autos la existencia de maniobras fraudulentas presuntamente cometidas con fondos del Plan Federal de Viviendas asignados por el gobierno nacional para la construcción de 484-6 casas y dos escuelas en el Partido de la Costa”, sostuvo Pollicita en su requerimiento de instrucción presentado ayer.

Se los investiga porque en 2005 se licitó la construcción de 484/6 casas y dos escuelas con un presupuesto de 20.799.600 pesos, luego ampliado. Las obras, adjudicadas a Cantera FC, debían quedar terminadas en 2006, pero a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total del presupuesto, las escuelas y más de la mitad de las casas no se terminaron porque la empresa entró en convocatoria de acreedores. La denuncia sostiene que ninguna casa fue íntegramente construida y que Cantera tiene una deuda con el Banco Hipotecario y que firmó un convenio con el municipio para cobrar, a pesar de que no terminó las obras.

CONCEJAL DENUNCIANTE PIDE SE INVESTIGUEN OTRAS OBRAS

Al mismo tiempo que era allanada en San Clemente del Tuyú la sede municipal del Partido de la Costa, el concejal Marcos Alfredo García se presentó ante el juez Ariel Lijo para ratificar su denuncia. Además, pidió que se amplíe la investigación en la causa en la que están imputados el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación, Julio De Vido y el ex intendente Juan de Jesús, quienes están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y tráfico de influencias.

Los hechos denunciados se remontan al 2005, cuando la empresa “Cantera SA” ganó cinco licitaciones simultáneas en el Partido de la Costa para construir 486 casas y dos escuelas. Según la denuncia, el monto era de 20.799.600 de pesos -financiados por el “Plan Federal de Viviendas”-, luego ampliado en 4 millones de pesos aportados por el Municipio. De Jesús y Boudou, entonces secretario de Hacienda local, suscribieron el contrato con Daniel Terrada, la cara visible de la compañía, que supuestamente cobró por las obras, pero no las terminó. García está convencido de que el vicepresidente era el verdadero dueño de la firma.

De acuerdo al concejal, ocho meses después de las licitaciones, Cantera SA alcanzó a percibir el 96% del presupuesto ya que presentó certificados de obra finalizada firmados por el director de Planeamiento municipal. Pero apenas dos días después de cobrar, la empresa convocó a concurso preventivo, en un expediente donde finalmente le dictaron la quiebra. Y las obras, en realidad, no habían sido terminadas.

“En el momento de finalizar el cobro hubo trabajadores que denunciaron abandono por parte de la empresa de las obras y la no remuneración. Ante el conflicto social, la municipalidad pagó en negro salarios caídos que debía haber abonado Cantera”, advirtió García en su declaración judicial a la que tuvo acceso Infobae.

El concejal aportó otros dos datos sugestivos. Primero: Tarreda renunció unos días antes del cobro. Segundo: “Hubo cheques emitidos del Banco Provincia firmados por De Jesús y Boudou que no se encontraban cruzados”.

Hay más: el concejal asegura que en 2007 “con la firma de De Jesús se rescindió el contrato de Cantera”, pero no se iniciaron las “acciones civiles y penales ante el incumplimiento de la empresa”. En otras palabras, no se denunció por estafa a la firma ni se trató de cobrar la garantía, quizás porque habría quedado expuesto que se aceptó como aval para una obra millonaria dos terrenos en el partido de Zárate valuados en 11 mil pesos cada uno.

La historia no termina ahí. El siguiente hecho que le llamó la atención a García ocurrió en 2013, cuando el Banco Hipotecario demandó al Partido de la Costa por el cobro de créditos cedidos por Cantera para las obras que nunca se hicieron. No está claro aún cómo la entidad se hizo acreedor de esa deuda. Y ahí surge otro dato sugestivo aportado por el concejal: Tarrida, la cara de la empresa quebrada, “ahora aparece como gestor de negocios” de la entidad.

En junio de este año, el Concejo Deliberante local convocó a una sesión especial para aprobar un acuerdo con el Banco Hipotecario por esa denuncia, cuyo expediente todavía está abierto. Es decir, se pretendía homologar un convenio sin sentencia judicial adversa y pese a que en la contestación de demanda el abogado del Municipio aseguró que ya se pagó una vez por las obras y que no se ejecutaron.

Pero eso podría no ser todo. “Hay en discusión una construcción de cinco o seis establecimientos educativos más que podrían haber tramitado en expedientes paralelos y de las que hoy no hay noticias”, le recordó García a Lijo.

La declaración terminó con una petición. “Ante la posibilidad de un mismo modus operandi que el denunciado, solicitamos que se investigue el destino de las fondos de los últimos siete años que vinculan al gobierno nacional con la municipalidad de la costa”, señaló. Y puso como ejemplo “lo destinado por el Ministerio de Planificación para obras de cloaca y gas, que aún hoy no han sido construidas en su totalidad”.

Juan Manuel Molina, director de Vivienda local, salió al cruce de la denuncia. En diálogo con Infobae, intentó despegar a Boudou de la acusación y aseguró que se trató de un proceso “transparente”, por lo que estimó que la investigación no conducirá a nada.

Tras remarcar que las autoridades municipalidades brindaron a las fuerzas de seguridad la información que solicitaron durante el allanamiento, dijo que “lo único que hizo” Boudou fue “abonar el anticipo de esa licitación a la empresa Cantera” en 2005, por 900 mil pesos. “Es la única situación en la que participó”, subrayó.

Molina denunció que, al apuntar al vicepresidente, el concejal “intenta tomar relevancia nacional”. Y lanzó: “Es un personaje nefasto, un delincuente que estuvo detenido por encubrimiento agravado en robo de automotores, tienen denuncias por amenazas y violencia de género, y está haciendo tareas comunitarias por un delito de destrucción de documentos públicos y abuso de autoridad”. Por eso, no dudó en vincular la denuncia a “una cuestión política”.

Por otro lado, “desmintió” varios puntos de la denuncia. Sostuvo que se pagaron 15 millones de pesos por la ejecución y que las escuelas mencionadas no eran parte de la licitación.

En cuanto a las viviendas, precisó que hay 220 que se terminaron y hoy están habitadas; 132 que en el período investigado registraron avances de entre el 20% y el 90%; y otras 134 que no llegaron a empezarse porque De Jesús rescindió el contrato al advertir irregularidades.

El funcionario se manifestó “indignado por tener que salir a explicar cuestiones tan transparentes” y lamentó que esta denuncia “haga perder el tiempo al juez, ya que la investigación no va a llegar a nada”.

ADNbaires/

Los comentarios están cerrados.