viernes 22 de septiembre, 2017

El Gobierno trabaja en una reforma a la ley cambiaria.

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El cuestionado fiscal Carlos Gonella aseguró que "las cuevas están protegidas" / Buscan modificar la tipificación de delitos.

El Gobierno trabaja en una reforma a la ley cambiaria.

El Gobierno nacional se está quedando sin ideas para frenar al dólar ‘libre’. La intervención de casas de cambio amigas, la minidevaluaciones, las intervenciones de fuerzas de seguridad en las City, la intervención del Banco Central y el cepo cambiario ya no surten efecto por eso ahora avanzan con la idea de reformar la ley penal cambiaria vigente, que data de 1971, con el objetivo de para agilizar los operativos de control contra el mercado paralelo de divisas. La herramienta principal que quiere tener el Gobierno es modificar la tipificación del tipo de transacciones para rebajarlas a delito correccional y ejecutar un operativo sin permisos previos. A fines de agosto, ocho fiscales, siete jueces de primera instancia y el presidente de la Cámara, se reunieron convocados por la Procelac para analizar las intervenciones judiciales en materia penal cambiaria y allí concluyeron en la necesidad de una reforma.

El jueves pasado, en plena escalada del dólar ‘libre’ camino a los $16, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió a la Justicia actuar “rápidamente” contra los “árbolitos” y exigió que se les aplique la ley de infracción cambiaria.

“Es necesario que la Justicia actúe para aplicar claramente la ley de infracción penal cambiaria. Es muy importante que el Estado actúe rápidamente para ver y verificar ese tipo de transacción”, sostuvo el funcionario anticipando la necesidad del Gobierno de apelar a la Ley para frenar el accionar de las cuevas.

El problema es que para que la Justicie actúe necesita cambios en la actual ley penal cambiaria. Por eso, este lunes desde el Gobierno nacional confirmaron que se aceleró el trabajo en ese sentido idea de agilizar el combate contra el mercado paralelo de divisas.

La intención es reformar la ley penal cambiaria vigente, que data de 1971, para agilizar los operativos de control y obtener resultados eficientes en la lucha contra las transacciones cambiarias ilegales.

Actualmente, ante las ‘cuevas’, las fuerzas públicas deben obtener antes de actuar autorizaciones previas. Con la reforma que pretenden los K, se modifica la tipificación del tipo de transacciones para rebajarlas a delito correccional y ejecutar un operativo sin permisos previos.

La reforma comenzó a estudiarse en agosto pasado por iniciativa del jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

Hace casi 2 meses, fiscales y jueces del fuero en lo Penal Económico coincidieron en la necesidad de una reforma a la ley del Régimen Penal Cambiario para revertir los resultados que se registran en las investigaciones por infracciones a esa norma y que tienen como consecuencia la existencia de un mercado paralelo de divisas.

El acuerdo fue el resultado de una reunión propuesta por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a través del fiscal del fuero, Emilio Guerberoff, quien se puso a la cabeza de las gestiones para lograr junto al juez Marcelo Aguinsky un encuentro que reunió a los siete fiscales de primera instancia, a uno de juicio, a los ocho jueces de primera instancia y al presidente de la Cámara, Marcos Gravibker.(Fuente Urgente24).

QUÉ ES LO QUE SE BUSCA

El objetivo básico es cambiar la tipificación del tipo de transacciones para hacerlas más “terrenales” y, por lo mismo, fáciles de reprimir.

Esto significa rebajarlo a delito correccional para que las fuerzas públicas puedan actuar in situ ante la evidencia de operaciones cambiarias que no se cursen por los canales legales, sin necesidad de aguardar la autorización previa de los organismos públicos que actualmente son los encargados de ordenar los procedimientos.

La iniciativa fue confirmada por el jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, recientemente citado (junto al coordinador del área, Omar Orsi) a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por excluir al empresario Lázaro Báez de una investigación penal por lavado de dinero. Gonella se negó a brindar precisiones por el pacto sellado con sus colegas para no difundir detalles de la reforma hasta que el proyecto de ley no sea presentado ante ellos.

Ese acuerdo surgió tras un inédito plenario desarrollado a fines de agosto que juntó a fiscales y jueces del fuero en lo penal económico para analizar por qué fracasó la mayor parte de los procedimientos realizados en los últimos tiempos contra los denominados “cueveros”. En ese encuentro, Gonella calificó la actual ley como “vetusta”, básicamente porque pone en cabeza de la investigación del comercio ilegal de divisas al Banco Central (BCRA) y le concede discrecionalidad.

El jefe del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, Pedro Biscay, detalló ese día que del allanamiento de unos 30 domicilios que derivó de las 19 investigaciones realizadas por el ente a su cargo, 11 fueron realizados en distintos puntos del microcentro porteño. Sin embargo, allí las sumas incautadas resultaron menores que las recogidas en oficinas clandestinas del interior del país o el conurbano.

Los fiscales tienen firmes sospechas de “connivencia” entre los grandes operadores de este negocio y los funcionarios que deberían combatirlos. Y sus miradas apuntan a personal del BCRA y a miembros de la Policía Federal. “En muchos casos, llegamos al local, la oficina o el departamento en que tenemos detectado movimiento extraño y nos encontramos con policías avocados a su custodia”, relatan.

La ley penal cambiaria (19.359) data de fines de 1971 y pone en cabeza del BCRA las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento. Tradicionalmente, es la Policía Federal (también a cargo de la custodia del traslado de valores y de los tesoros) la encargada de acompañar a los funcionarios. La reforma buscará desplazarlos para cortar la presunta cadena de comunicación que, habitualmente, pone en alerta a los “cueveros” ante la inminencia de procedimientos y los ayuda a eludirlos, según el diagnóstico avalado en aquel debate intrajudicial. Durante esa reunión, los fiscales insistieron en el vínculo entre las infracciones cambiarias y delitos económicos, como el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada.

Los jueces, por su parte, avalaron la necesidad de readaptar los mecanismos de control y combate de las operaciones cambiarias ilícitas, pero destacaron la necesidad de poner el foco en quienes verdaderamente manejan el negocio y sus conexiones de impunidad, que a menudo, sospechan, se enmarañan hasta los más profundo del aparato estatal.

La denuncia que el polémico juez federal Norberto Oyarbide realizó tras el fallido operativo del pasado 19 de diciembre en una cueva financiera dio una muestra al respecto. El magistrado admitió que detuvo el allanamiento apenas recibió una llamada telefónica “directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación”, a cargo de Carlos Zannini, de parte de Carlos Liuzzi, números dos de esa dependencia.

A su vez, del lado de los penalizados, la lista es escasa pese a que hay unos 80.000 sumarios en curso. Incluso hay algunos detalles curiosos entre los resueltos. Como el de una jubilada de 70 años a quien le cayeron por comprar US$ 200 en una heladería de Floresta a fin del verano de 2002. Dos años después de que la policía la detuvo por esa infracción, la Justicia la condenó por “violar la ley penal cambiaria” con una multa. Pero en el fallo recriminó a la policía y al BCRA por perseguir sólo a los pequeños infractores, en vez de concentrarse en los grandes negociados. El fallo fue del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en cuyo despacho se celebró el cónclave que aquí se describe.
(Fuente La Nación).

CUEVAS PROTEGIDAS

El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, reconoció hoy la intención del Gobierno de reformar el régimen penal cambiario. Además, reveló que su organismo halló en varios procedimientos a efectivos de distintas fuerzas de seguridad brindando “cobertura” a las “cuevas”.

“Detectamos otros perfiles de funcionarios públicos adentro de las cuevas brindando seguridad, lo que es una situación absolutamente ilegal. Hemos encontrado personal de distintas fuerzas de seguridad, incluso armados, en tres o cuatro oportunidades. Por lo cual hicimos la denuncia y se está investigando”, contó Gonella, en diálogo con Radio América, al ser consultado sobre la supuesta connivencia de funcionarios del Banco Central con el mercado negro de divisas.

LA NACION informó hoy que el Gobierno trabaja en una reforma del régimen penal cambiario. Busca cambiar la tipificación del tipo de transacciones para hacerlas más “terrenales” y, por lo mismo, fáciles de reprimir.

“No se trata de una iniciativa o inquietud que ha surgido en el últimos tiempos, sino que la reforma hacia el régimen legal que regula el delito cambiario es un discusión que tiene varios años, no es un discusión inédita”, aseguró Gonella.

El fiscal remarcó que la ley penal cambiaria (19.359), que data de fines de 1971 y pone en cabeza del BCRA las actuaciones y los pedidos de órdenes de allanamiento, “está enfocada en un paradigma que ha sido superado por la realidad”.

“El Banco Central no es un organismo público diseñado para investigar delitos. Entonces esto conlleva a que en la práctica se acumulen las causas el abordaje es más burocrático”, explicó. Y agregó: “Se necesita superar este paradigma transformar el régimen penal cambiario en un delito penal, incorporarlo al código penal para que sea investigado por los fiscales junto con el resto de las hipótesis delictivas”.

Gonella, además, señaló que “las cuevas se fondean con dinero muy sucio proveniente del narcotráfico, la evasión fiscal y distintos delitos financieros”.

Días atrás, el fiscal antilavado fue citado (junto al coordinador del área, Omar Orsi) a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por excluir al empresario Lázaro Báez de una investigación penal por lavado de dinero (Fuente La Nación).

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