martes 21 de noviembre, 2017

Legisladores opositores forzaron el tratamiento de gastos del Gobierno en propaganda y subsidios.

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Legisladores opositores forzaron el tratamiento de gastos del Gobierno en propaganda y subsidios.

La minoría opositora (cuatro radicales, entre diputados y senadores, sobre un total de 12 integrantes) pretende que la Auditoría General de la Nación ponga la lupa sobre los gastos y criterios de reparto de la pauta oficial, los subsidios al transporte y el manejo de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras cuentas públicas bajo sospecha.

Según anunció el jefe de los senadores radicales y miembro de la comisión, Gerardo Morales, el pedido abarcará la investigación de 15 organismos. En la última reunión, los ocho oficialistas aceptaron analizar el listado e informalmente anticiparon que se limitará a habilitar auditorías en los asuntos menos complicados del pliego: las inversiones mineras de Pascua Lama, las campaña antárticas, la reparación del rompehielos Almirante Irizar y el operativo Escudo Norte.

Para la nueva cita convocaron al cuerpo de auditores, que preside –en minoría– el radical Leandro Despouy. Por eso, les pedirán que expliquen las conclusiones de una treintena de informes negativos que estaban cajoneados en la Mixta sobre las gestiones en la ex Ciccone, Casa de la Moneda, Enarsa, la Secretaría de Transporte, la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Vialidad y el PAMI.

Morales puso el acento en la gravedad de las irregularidades detectadas en esos casos por la AGN (aún por los auditores de la mayoría oficialista), en contraste con el dictamen “light” que propone el bloque K en el Parlamento. “Pretenden más burocracia, enviando un simple pedido de informes al Gobierno”, advirtió. En cambio, su bancada se prepara para requerir en casi todos los casos “que se amplíe la investigación con intervención de la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para determinar responsabilidades de los funcionarios”, según le aseguró a Clarín.

Un foco de atención de la oposición es la magnitud de las anormalidades que constan en el informe de la Auditoría sobre Enarsa. La compañía estatal no controla adecuadamente las inversiones de sus socios privados en la explotación de petróleo off shore ni la marcha del acuerdo con la venezolana PDVSA. Además, carece de un plan estratégico y de políticas ambientales eficientes, según el informe.

Tras ese paquete, quedan en lista de espera otros informes recientes con conclusiones lapidarias de la Auditoría. Entre ellos, el que reveló el descontrol existente en el programa de suministro de gas oil a precio diferencial al transporte automotor, que maneja la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Consta que el propio organismo admite que carece de instrumentos para aplicar sanciones por falsificación de datos por parte de los beneficiarios.

Si la AGN no tuviera un plan propio de auditorías, este año permanecería inactiva. La morosidad y la liviandad del Parlamento convierte en una quimera el cumplimiento de su tarea de control.

SE GASTA 9 MILLONES DE PESOS DIARIOS EN PROPAGANDA

El gasto del Gobierno en publicidad oficial pasó de $ 39 millones en 2003, a $ 3.193 millones diez años después, un aumento de 8.087%, según el informe “El costo del relato”, que elaboró el especialista Hernán Reyes, de la Coalición Cívica-ARI (Frente Amplio UNEN). Se basó en datos oficiales.

“Esto muestra con claridad cómo fue perfeccionándose el uso de la publicidad como medio de construcción del relato kirchnerista, advirtiendo un despegue en 2009”, dijo Reyes. Y agregó: “El 2013 fue récord en el gasto en publicidad oficial. A los efectos de ser ilustrativos, se terminaron gastando en ese rubro $ 8.700.000 por día”.

Según los datos de este especialista de la oposición, los gastos ejecutados hasta la semana pasada mantienen el promedio para este año en unos $ 9 millones.

El informe incluyó la publicidad oficial que paga la Secretaría de Comunicación Pública, pero también el Fútbol Para Todos (FPT) como parte de los gastos en pauta oficial; así como los avisos de ANSeS, que no figuran en la información que distribuye Jefatura de Gabinete.

Los partidos de fútbol sólo emiten avisos del Gobierno, que deben ser retransmitidos por los canales que pasan gratis el FPT, pero no están incluidos en los gastos presupuestados de publicidad oficial.

Para el investigador Martín Becerra es correcto incluir el dinero que el Gobierno gasta en el FPT dentro del gasto en pauta oficial. “Fue anunciado como una reorientación de la masa publicitaria del Gobierno nacional y, de hecho, los anuncios de carácter proselitista del Gobierno representaron, en su primer temporada, casi el 85 % de la pauta en los partidos televisados –dijo Becerra en un informe realizado para Poder Ciudadano, en enero de 2012–”. Luego de la primera temporada que mencionó Becerra, se profundizó el uso propagandístico del FPT y el Gobierno anuló casi toda la pauta privada, dejando apenas un canje con Iveco.

El caso de ANSeS merece un comentario aparte, ya que el Gobierno ocultó durante varios años las cifras de publicidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que tampoco figuran en las planillas de publicidad oficial que cada seis meses difunde el Gobierno. El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina informó que en el primer semestre de 2012 gastó todo el Gobierno $ 420 millones en avisos en los medios, de los cuales sólo $ 60.500 correspondían a la ANSeS. Pero ese año, el organismo a cargo de Diego Bossio tenía $ 222,4 millones presupuestados para publicidad oficial y gastó $ 490 millones.

La ANSeS tuvo que difundir esas cifras ante un pedido de acceso a la información pública que presentó la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), a cargo de Silvana Giudici.

La publicidad oficial que informó Jefatura de Gabinete fue en 2013 de $ 1.315 millones, un 75% más de lo aprobado por el Congreso en el Presupuesto, planteó Reyes en su informe. En el FPT se gastaron el año pasado $ 1.395 millones. Y otros $ 483 millones tenía presupuestados ANSES en publicidad, que seguramente superó.

La cifra podría crecer: Reyes no incluyó en sus cifras los $ 1.972 millones que el Gobierno destinó el año pasado a los medios públicos y a la infraestructura estatal de TV digital. Según informó la Fundación LED, Radio y Televisión Argentina –que maneja Canal 7 y Radio Nacional– gastó $ 917 millones en 2013; otros $ 514 millones la Televisión Digital; $ 289 millones la agencia estatal de noticias Télam; y $ 252 millones los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

El costo del “relato” en 2013, si se suman la publicidad oficial, el Fútbol Para Todos y los medios públicos, fue de $ 5.165 millones.

Reyes, además, comparó lo que está presupuestado para el año que viene en publicidad oficial (incluyendo FPT y ANSeS), con el dinero presupuestado por el Gobierno para 2015 en diferentes ministerios. Por caso, los $ 3.028 millones de la publicidad para el “relato” superan a los $ 2.430 millones previstos para el Ministerio de Industria, a los $ 2.329 millones de Turismo y a los $ 2.084 millones de Cultura.

El director opositor de la AFSCA Gerardo Milman dijo que “este manejo discrecional del dinero destinado a propaganda que tiene el Gobierno, sobre todo en un año electoral, muestra que hay una deliberada intención de gastar mucho más, si tenemos en cuenta que siempre suman partidas extras a las dispuestas por la ley”. (Fuente Clarín/Foto de archivo).

ADNbaires/

 

 

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