martes 21 de noviembre, 2017

Para el Gobierno hay “golpismo activo del Poder Judicial”.

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Capitanich habló de "clara persecución y hostigamiento".

Para el Gobierno hay “golpismo activo del Poder Judicial”.

El Gobierno acusó al Poder Judicial de llevar adelante un “golpismo activo”.  Y lo hizo luego del allanamiento que impulsó el juez Bonadío a raíz de una denuncia presentada hace pocos días por Margarita Stolbizer en referencia a una empresa que pertenece a la familia Kirchner con “papeles flojos” ya que tendrían serios inconvenientes en su situación comercial y patrimonial.

El encargado de expresar la reacción oficial fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada consideró que el allanamiento parte de un supuesto “golpismo activo del Poder Judicial” contra el Gobierno y se quejó de una “clara persecución y un hostigamiento” a funcionarios.

“Forma parte de un golpismo activo. Los ejecutores son jueces que hostigan permanentemente a funcionarios del Gobierno”, sostuvo. El ministro coordinador habló de una “denuncia falsa” y de una “operación mediática de relevancia”, tras lo cual leyó un extenso comunicado de la Inspección General de Justicia (IGJ), que está acusada de no cumplir con su función en el entramado societario en torno al caso Lázaro Báez.

Ayer, la Justicia allanó una empresa de la Presidenta por irregularidades. Lo dispuso el juez federal Claudio Bonadio sobre Hotesur S.A, la firma que administra el hotel Alto Calafate; investigada por la falta de balances y por contrataciones ficticias que hicieron compañías del empresario Lázaro Báez.

Según Capitanich, “Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria”. Dijo que el allanamiento fue una “persecución política”. Habló de “hostigamiento judicial” y de “golpismo activo del Poder Judicial”.

“Quiero ser muy preciso: de las 150.855 sociedades inscriptas ante la Inspección General de Justicia, 83.319 presentaron las declaraciones juradas. Hotesur S.A. se encuentra entre las activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis”, explicó. Capitanich repitió la frase. “Hotesur S.A. se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis”, dijo.

“La firma presentó la documentación solicitada. No se necesita ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente”, insistió.

“Hay un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”, consideró el jefe de Gabinete, quien recordó los allanamientos que dispuso otro juez en 25 clubes por presuntos desmanejos con los recursos del programa Fútbol Para Todos.

Para el funcionario chaqueño, el teórico “golpismo activo del Poder Judicial tiene varias patas: una pata comunicacional de ataque despiadado; y una pata política o institucional, de articulación desde la oposición política. Esta pata comunicacional e institucional tiene ejecutores a través de jueces que hostigan permanentemente a funcionarios del Gobierno, en este caso, con denuncias falsas ante la presidenta de la Nación”.

Ayer, cuando la policía abrió la puerta de la oficina del cuarto piso de Lavalle 975, a metros de la avenida 9 de Julio, no había nadie. Sólo había un departamento vacío. El lugar fue declarado como la sede de Hotesur, la empresa que administra Alto Calafate, uno de los hoteles de Cristina Kirchner.

La oficina fue allanada por el juez federal Claudio Bonadio, quien también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa. También solicitó información a la AFIP sobre sus declaraciones de impuestos.

El juez Bonadio investiga anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Pero además investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas, según reveló LA NACION el año pasado. (Fuente La Nación).

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