martes 21 de noviembre, 2017

“Sueños Compartidos”, una pesadilla de alta impunidad.

Comentarios desactivados en “Sueños Compartidos”, una pesadilla de alta impunidad.

Causa sin ningún detenido y en punto muerto.

“Sueños Compartidos”, una pesadilla de alta impunidad.

Pasaron más de cinco años del escándalo por la malversación de cientos de millones de pesos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y no hay un solo detenido. Crece la polémica y las dudas por el asesinato de una testigo clave.

El pasado mes de junio se cumplieron cinco años del momento en que Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, que por aquel entonces se desempeñaban como diputada nacional y legisladora bonaerense de la Coalición Cívica respectivamente, presentaron la primera denuncia por las estafas y la malversación de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Se trata de la entidad presidida por la inefable Hebe de Bonafini, tenía como hijo putativos y principales colaboradores a los hermanos parricidas Sergio yPablo Schoklender.

Todos ellos habrían sido los principales responsables del proyecto denominado “Sueños Compartidos”, que supuestamente apuntaba a construir casas para sectores socialmente postergados y que se nutrió de cientos de millones de pesos que salieron de las arcas del Estado, es decir, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. El resultado fue nefasto: sólo se construyeron un puñado de viviendas. Los recursos públicos, que fueron asignados discrecionalmente por el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio de Vido, habrían terminado engrosando el patrimonio de los Schoklender y se sospecha que también beneficiaron aAlejandra Bonafini, la hija de Hebe, entre otros personajes desdeñables del universo K.

Obviamente, la principal responsable de todo estos manejos turbios fue y sigue siendo la presidenta Cristina Kirchner.

Mucha agua corrió bajo el puente y todo indica que, un lustro después de haber el estallado escándalo que recorrió el mundo, todo va rumbo a la impunidad. Bonafini, pese a haber firmado infinidad de documentos que la comprometen, ni siquiera estuvo imputada y todos los demás implicados caminan en libertad, como cualquier vecino de barrio.

Lo más grave es que muchos de los que se animaron a denunciar lo que estaba ocurriendo en “Sueños Compartidos” hoy viven con miedo, amenazados. Se ven reflejados en lo que le sucedió a Marcela Díaz, la ex encargada del departamento de Compras de la Fundación, que fue ejecutada el pasado 18 de julio de un tiro en la cabeza en Ciudad Oculta.

Díaz había difundido valiosa información sobre las irregularidades que se cometían en la Fundación Madres, apuntando específicamente a Rubén “Pocho” Brizuela, uno de los principales punteros políticos que respondía a Bonafini, a quien también había relacionado con el narcotráfico, en complicidad con efectivos de la Comisaría 48 de la Capital Federal.

“La información que había aportado Marcela Díaz era muy importante. Por ejemplo, contó cómo se pagaba en negro a los empleados de las empresas vinculadas a Sueños Compartidos (el proyecto habitacional impulsado por Schoklender), y de los numerosos ñoquis que cobraban sin presentarse a trabajar. Eso le valió tener que abandonar su casa y hasta le armaron una causa, con testigos falsos, contra su marido, a quien mantuvieron 2 años presos hasta que resultó sobreseído”, le dijo a Hoy el investigador Luis Gasulla, autor del libro “El Negocio de los Derechos Humanos”, que constituye uno de los más importante aportes documentales que tiene la causa de Sueños Compartidos.

La muerte de Marcela Díaz está cargada de sospechas. La versión oficial indica que fue producto de una bala perdida, luego de una pelea entre bandas. Ahora bien, según trascendió, durante la gresca sólo se habría escuchado dos disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la mujer. Asimismo, el autor material del crimen, que tendría antecedentes penales vinculados al narcotráfico, seguiría en libertad.

En definitiva, una vez más, la impunidad vuelve a imponerse en la era K.

En punto muerto
Desde el año 2010 a 2013, la causa principal de las estafas cometidas con Sueños Compartidos estuvo en manos del personaje más servil de la Justicia Federal: Norberto Oyarbide, quien en todo momento dejó en claro que no estaba dispuesto a buscar la verdad ni indagar sobre los que realmente ocurrió. Y hasta no tuvo tapujos en proteger a Hebe de Bonafini, a quien ni siquiera imputó.
“Siempre estuvo claro que hubo una decisión política de que proteger a Bonafini. Es imposible que ella no haya estado al tanto de lo que le hacía firmar Schoklender.

Asimismo, la Unidad de Información Financiera, que comanda José Sbatella, ignoró todos los reportes de operaciones sospechosas emanados desde el Banco Central que daban cuenta de las irregularidades que se cometían en la Fundación y en las empresas de los Schoklender”, le dijo a Hoy Elsa Quiroz, una de las denunciantes de la causa. Agregó: “Los principales responsables de lo que ocurrió no son los Schoklender, como pretende hacer creer el gobierno, sino todos los funcionarios involucrados en el envío del dinero como De Vido y José López (Secretario de Obras Públicas). Todos ellos deberían responder con su patrimonio por el dinero robado, que no le pertenecía al gobierno. Eran recursos que aportamos todos los ciudadanos”.

En el año 2013, la causa regresó a fojas cero a partir de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal. Los camaristas se anularon los procesamientos de los hermanos Sergio y Pablo Shocklender, y se apartó de la investigación a Oyarbide. La causa terminó en el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En un fallo de 46 páginas, la Cámara fue lapidaria a la hora de calificar el trabajo que durante dos años venía (hasta hoy) llevando adelante Oyarbide. “Habiendo examinado uno a uno los fragmentos que componen la imputación que se ha cursado a los incusos, y aún tras una lectura integradora tendiente a obtener una visión armónica de todos los hechos investigados en este sumario, los suscriptos concluimos que la información que de allí se desprende resulta palmariamente insuficiente”, explicaron.

“En ninguna de las declaraciones indagatorias constan los nombres de la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita pesquisada y que habrían tenido intervención, de diferentes formas, en los restantes hechos endilgados”, señalaron los camaristas y agregaron que “tampoco sabemos cuáles fueron las empresas y financieras de las que se habrían valido para llevar a cabo las maniobras defraudatorias desplegadas”. (Fuente Diario Hoy)

ADNbaires/

Los comentarios están cerrados.