domingo 24 de septiembre, 2017

Avanza polémico proyecto impulsado por diputados kirchneristas.

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Podría vulnerar la libertad de expresión.

Avanza polémico proyecto impulsado por diputados kirchneristas.

América latina sumó en los últimos años normas penales que van en esa dirección. Como ocurre en Venezuela, en Ecuador la ley orgánica de comunicación prevé también figuras penales para las opiniones en Internet (especialmente aquellas que tienen como objetivo al presidente Rafael Correa). En la Argentina, la producción legislativa que busca controlar la comunicación fue muy fructífera estos años y está vigente. Ningún presidenciable ha dicho qué hará con ese “digesto”, en el que se incluyen la ley de medios audiovisuales, que condiciona las líneas editoriales con innumerables instrumentos burocráticos y medidas arbitrarias; la ley antiterrorista, cuya definición de “acto terrorista” es tan amplia que podría aplicarse incluso a quien informe el precio del dólar blue; la ley de telecomunicaciones, que crea una autoridad omnipotente y la pone a controlar las redes de conectividad; la nueva “doctrina nacional de inteligencia”, que tipifica los “golpes de mercado”, y la ley del mercado de capitales, que habilita la intervención de empresas sin distinciones de ninguna naturaleza.

Ahora, el proyecto de ley impulsado por los diputados Remo Carlotto, Diana Conti, Jorge Rivas y Carlos Heller, entre otros legisladores kirchneristas, que ya tiene dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, también prevé penas de cárcel -de un mes a tres años- para quienes incurran en prácticas discriminatorias en Internet. La iniciativa busca actualizar y reemplazar la ley antidiscriminación sancionada en 1988 y que ya había previsto esas penas, pero incorpora la novedad de extenderlas a Internet de una manera tan brutal que acumuló un amplísimo consenso en su contra. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el kirchnerista Horacio Verbitsky, hasta la Fundación LED, dirigida por la funcionaria de Pro Silvina Giudice, expresaron su oposición. La Fundación Vía Libre (la primera en advertir el avance del proyecto en comisiones), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el ex relator de la libertad de expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, y el diputado progresista y ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido (que, junto con su colega de izquierda Myriam Bregman, votó en disidencia contra el proyecto en la comisión) también cuestionaron la medida. Sólo la diputada Conti salió tímidamente en su defensa.

Sintéticamente, las críticas al proyecto cuestionan que la definición de “acto discriminatorio” es tan amplio que comprendería casi cualquier cosa, que alcanza por primera vez los comentarios en Internet y fija tipos penales -algo inédito en el ámbito de la libertad de expresión en la Argentina democrática- para quienes incumplan la norma, y que fomentará la censura privada al hacer responsables a los medios digitales de las opiniones que los usuarios dejen en sus plataformas. Todos los medios digitales, incluidos Facebook, Twitter y YouTube, deberán incluir en sus sitios el texto de una advertencia que está contenido en la propia norma. El proyecto de ley es anticonstitucional, contradice el marco interamericano de derechos humanos, fomenta la censura previa privada y hasta desconoce el reciente fallo de la Corte Suprema que limita la responsabilidad de los intermediarios. Y sobre todo, va contra el sentido común de la propia cultura de Internet.

Pero además, el kirchnerismo, fuerza política que introdujo en el país las usinas de agitadores digitales -que surgieron en 2008 durante el conflicto agropecuario y cuyos integrantes fueron haciéndose conocidos como “ciber-K”- no tiene autoridad moral para promover la lucha contra la violencia textual en Internet. Miles de militantes digitales trabajaron estos años para hostigar las opiniones críticas en foros y redes sociales.

En esa usina estalló esta semana una puja “fraticida”: la community manager de @CasaRosada, Anita Montanaro, líder del Movimiento Peronista Bloguero, denunció “una campaña de trolls” contra el jefe de Gabinete, precandidato a gobernador y presidente de Quilmes, Aníbal Fernández, orquestada por el ex secretario de medios Enrique Albistur, publicista de su contrincante, Julián Domínguez. Lo que salió de unidades básicas digitales no es nada raro: es lo mismo que hemos visto en la maquinaria mediática gubernamental y paragubernamental sostenida con fondos públicos. (Fuente La Nación)

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