sábado 23 de septiembre, 2017

Fiscal pide que se impute a Lagomarsino por la muerte de Nisman.

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Sospecha de su participación.

Fiscal pide que se impute a Lagomarsino por la muerte de Nisman.

PIDEN Ricardo Sáenz solicitó a la Sala VI de la Cámara del Crimen que se considere imputado al asesor informático, no sólo por haberle proporcionado el arma a Nisman, sino como posible partícipe en la muerte.

A las 11:30 de la mañana de hoy se llevará a cabo la audiencia dispuesta por la Cámara para resolver el pedido de la querella que representa a las hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman, tendiente a que la causa pase a ser investigada por la jueza Fabiana Palmaghini. En este contexto, el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, adhirió al recurso interpuesto por la querella y abrió todo el abanico de posibilidades en torno a la hora de la muerte del fiscal Nisman al advertir que “falleció en el curso del fin de semana de los días 17 y 18 de enero en su casa de Capital, en dudosas circunstancias que aún se investigan”.

Al respecto, el fiscal deja entrever por lo menos dos hipótesis: la de homicidio, donde Lagomarsino podría haber sido partícipe y el delito de ayuda al suicidio, en caso de probarse que el fiscal Nisman se suicidó.

En su presentación, la querella hace referencia a la “indefinida situación de Lagomarsino”, quien prestaba tareas en la UFI-AMIA como asistente de Nisman en materia informática.

Por su parte, Sáenz sostiene en el escrito que las “inconsistencias en cuanto a la calidad de imputado de Lagomarsino y el aparente encorsetamiento de su imputación al suministro del arma de fuego, en contraposición con la amplia intervención procesal que se le viene reconociendo y garantizando en la causa, obedece a una suerte de ficción que tanto la fiscal como la jueza han instalado en el expediente, al sostener que en un caso de estas características la imputación por el delito de entrega de un arma de fuego puede ser escindida de una posible participación en el hecho de la muerte”.

Los dichos del fiscal son contundentes: si se trata a Lagomarsino como imputado “en la ficción”, Sáenz solicita una declaración judicial expresa que ponga blanco sobre negro y para esto pide que la jueza reasuma la causa.

Según lo entiende el fiscal, tanto Palmaghini como Fein, “han tratado a Lagomarsino como imputado también en la investigación de los hechos que llevaron a la muerte de Nisman, sin poder distinguir a esta altura del proceso el nomen iuris (la tipificación penal del hecho) del delito atribuido, y sin que ello sea imprescindible para avanzar en la investigación”.

Sáenz mencionó en su exposición la idea de “imputado encubierto”, en referencia al trato que las magistradas dieron durante lo que va de la investigación a Lagomarsino, dado que su defensa ha intervenido en varias oportunidades en diligencias relacionadas a la muerte de Nisman, ajenas a la atribución penal de la entrega del arma (como ser la Junta Médica o la pericia sobre los dispositivos informáticos del fiscal).

En síntesis, lo que Sáenz está pidiendo a la Cámara del Crimen al postular junto con la querella de las hijas de Nisman es que sea la jueza quien dirija la investigación, es que se clarifique en la causa el “status jurídico” de Lagomarsino y que se le impute no sólo por la entrega del arma, sino que también pase a ser sospechoso por la muerte del fiscal.

LA QUERELLA

Los abogados de Sandra Arroyo Salgado requirieron un informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires para determinar si uno de los custodios del difunto fiscal se desempeñó allí en enero pasado. Se trata Rubén Benítez, un efectivo de la Policía Federal que en su declaración consignó haber trabajado como custodio de esa delegación diplomática en Buenos Aires.

En su momento, esa confesión alimentó las versiones de una confabulación con ribetes internacionales, que fue agitada primero por la revista brasileña Veja y luego robustecida con testimonios en varios países. En concreto, esa pista sostiene que el titular de la UFI-AMIA fue asesinado por un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba.

Una fuente de la investigación aclaró a Infobae que tal medida no tiene por objetivo avanzar sobre esa hipótesis, aunque se negó a detallar su propósito. En concreto, lo que se desea conocer es si Benítez –quien fue pasado a disponibilidad y fue el único efectivo que ingresó al departamento del fiscal en Puerto Madero– “prestó servicios de custodia a esa representación diplomática, desde cuándo, así como las fechas y horarios del mes de enero que cumplió con la tarea”.

Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica incluyeron ese requerimiento en un extenso escrito en el que se pronunciaron a favor de la “reasunción” de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen. El tribunal de alzada realizará mañana a las 11:30 una audiencia para determinar si ratifica que la investigación seguirá en manos de la fiscal Viviana Fein o si deberá ser reasumida por la jueza.

La querella demandó también el testimonio de Armando Antao Cortez, secretario de la UFI AMIA, quien recibió el llamado del empleado informático Diego Lagomarsino en la madrugada del 19 de enero, un día después de la muerte de Nisman, narrándole el episodio del préstamo del arma que acabó con la vida del fiscal.

También reclamó el de Walter Vargas, uno de los secretarios letrados de Nisman, quien estuvo en Le Parc la noche en que fue hallado el cadáver y se mostró preocupado “por el resguardo de la documentación existente en el lugar”.

La solicitud incluye también que se tomen declaraciones a la enfermera Jessica López, de Swiss Medical, quien fue la primera persona que supuestamente vio el cadáver de Nisman, y a la médica de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Gabriela Piroso, “quien examinara el cadáver en el lugar del hecho”. Según el escrito, ninguna de las dos declaró hasta el momento.

PIDEN EMBARGO DE BIENES

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió hoy embargos hasta cubrir los 80 millones de pesos sobre los bienes de la madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.

El reclamo incluye que se embargue un auto y un inmueble de Lagomarsino, un auto de Sara Garfunkel, dos inmuebles de Sandra Nisman y un auto y activos en cuentas bancarias de Picón.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el pedido de embargos fue hecho ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en los planteos de indagatoria por lavado de dinero contra los acusados. Las fuentes señalaron que el magistrado ya estaba trabajando para fijar la fecha en la que citará a las indagatorias.

Para el fiscal Zoni, la maniobra de lavado de dinero que se investiga es de 10.428.483 pesos y por ello pidió embargar los bienes de los acusados para asegurar el pago de multa económica en caso que sean condenados y las costas del proceso penal.

La ley de lavado de dinero establece que la multa económica será de 2 a 10 veces la operación ilegal y por eso el fiscal solicitó que el embargo sea hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos. (Fuente Infobae).

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