martes 21 de noviembre, 2017

Proyecto de Carrió para ampliar el arco de declaraciones jurada.

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La deberían presentar sindiaclistas, titulares de Obra Social y Cámaras Empresariales.

Proyecto de Carrió para ampliar el arco de declaraciones jurada.

 

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI-Cambiemos) presentó hoy un proyecto de ley para que sindicalistas, titulares de Obras Sociales y de Cámaras Empresariales, estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes y que contempla que se pueda promover una investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados.

La iniciativa se anuncia el mismo día que las centrales obreras realizaron la primera protesta masiva contra el gobierno de Mauricio Macri. Entre los reclamos expresados por los líderes gremiales se mencionó el impuesto a las Ganancias, la inflación y los despidos.

La propuesta de Carrió establece que “las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales (cámaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales” deberán presentar declaraciones juradas “por los cinco períodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

Asimismo, la iniciativa propone que los sujetos mencionados sean pasibles de ser alcanzados por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, especialmente el delito de enriquecimiento ilícito.

La iniciativa, que actualiza un proyecto ya presentado en otros períodos parlamentarios por la diputada, busca ampliar el listado de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes y que también garantice el acceso rápido, libre y gratuito a la Justicia de todo ciudadano y la posibilidad de promover la investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el interés público.

Entre otras cuestiones, establece que será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, “el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”, incluyendo de esta manera a eventuales testaferros.

Fundamentos de la Ley

Esta propuesta se suma al proyecto de ley de jerarquía constitucional de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obtuvo días atrás dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

“Es indispensable actualizar integralmente la legislación vigente en materia de corrupción, pero una iniciativa sencilla, rápida y conducente a mejorar los estándares tan bajos en la lucha contra este flagelo es incorporar nuevos sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas que desde hace tiempo aparecen en muchos casos como protagonistas de casos de corrupción”, explicó Carrió en los fundamentos del proyecto de ley.

Para la diputada de la CC-ARI, “las organizaciones sindicales, empresariales y las obras sociales son personas jurídicas, en algunos casos de carácter público no estatal pero que por sobre toda las cosas administran dinero o representan intereses de terceros. Algo absolutamente asimilable a los fondos públicos que el Estado administra en nombre de todos los ciudadanos”.

“Incluir estas personas como sujetos obligados equiparados a los funcionarios públicos hace necesario actualizar el tipo penal de enriquecimiento ilícito lo que también se trata en este proyecto a efectos de aclarar que no sólo quiénes trabajen en el Estado están alcanzados por este delito”, advirtió la diputada de la CC-ARI.

Finalmente, Carrió consideró que con esta modificación “quiénes ocupen un cargo o empleo público ya sea en organismos del Estado o como autoridad y/o representante legal de organizaciones sindicales, empresariales o de las obras sociales, hasta dos años después de haber cesado en su desempeño podrán ser investigados respecto de la consistencia de su patrimonio”. (Fuente La Nación)

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