lunes 25 de septiembre, 2017

Escándalo en Casación por probables dádivas de De Vido.

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Embargan empresario amigo del ex ministro.

Escándalo en Casación por probables dádivas de De Vido.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, reveló el contenido de las cajas que desataron un escándalo judicial con una secretaria de ese cuerpo detenida y el magistrado denunciado por privación ilegal de la libertad.

Según comentó el magistrado en declaraciones a Radio Mitre, dentro de los bultos “había televisores, computadoras y otros elementos de telecomunicaciones del plan Argentina Conectada”, que desarrolló el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido.

“Las cajas estaban en una de las salas –que debía liberarse para realizar una videoconferencia; no tenían identificación de inventario, como el resto de los muebles del Poder Judicial”, explicó el juez.

Para dicho juez la situación era “irregular” y ese material no podía estar en ese lugar.

En este contexto, Gemignani recordó que en 2015 la titular del cuerpo, Ana María Figueroa, propuso recibir ese material. “Frente al estupor que nos causó, le recordamos que ningún miembro puede recibir bienes ni de particulares ni de otro organismo de la Administración Pública si no pasa primero por el Consejo de la Magistratura”, como está establecido.

Para el magistrado, detrás de esa propuesta claramente había segundas intenciones. “Las cajas eran una especie de dádiva (de De Vido) para los integrantes de la Cámara”.

Gemignani reveló además que María Expucci, la secretaria de la Cámara que desobedeció al juez y no realizó el inventario de las cajas, “trabaja para Figueroa”. “No hay dudas que sabía lo que era y por eso se negó a hacerlo”, enfatizó.

Paralelamente, el fiscal federal Juan Pedro Zoni desestimó la denuncia penal que el juez Gemignani inició contra Expucci. Fuentes judiciales informaron a Infobae que Zoni consideró que no hay ningún hecho delictivo que reprocharle a la secretaria.

Asimismo, entendió que la actitud de Gemignani debe ser considerada por el Consejo de la Magistratura de la Nación –encargado de analizar la conducta de los jueces– por lo que pidió que la causa sea remitida a ese organismo.

EMBARGAN A UN EMPRESARIO AMIGO

El juez a cargo del Juzgado en lo Penal Económico Nro. 6, Marcelo Aguinsky, dispuso el embargo preventivo de las cuentas de Laboratorios Esme por 300 millones de pesos. Uno de los propietarios de ese Laboratorio es el empresario Juan José Levy, de aceitados vínculos con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Esta cercanía le permitió durante el kirchnerismo a Levy hacer millonarios negocios con Venezuela. Para eso utilizó el fideicomiso argentino-venezolano cuyos pagos realiza la compañía petrolera PDVSA. Como ya contó Infobae, a raíz de las sospechas de maniobras fraudulentas por parte de Levy se inició una investigación en Venezuela.

Las actividades de Levy también están siendo investigadas ahora en la Argentina. La causa en la que el juez Aguinsky ordenó el embargo se inició por una disputa familiar en el fuero comercial por el manejo societario de las empresas de los Levy. Como parte de ese expediente, la jueza Paula Hualde, titular del Juzgado Comercial Nro. 9, notó que en el giro comercial de Laboratorio Esme -propiedad de Levy- existían operaciones cuya magnitud no parecía concordar con el tamaño de la empresa de la que se trataba. Es así que designa un veedor, quien confirma las sospechas.

Frente a esta situación, la jueza Hualde remite copia de las actuaciones en atención a que del expediente comercial surgirían hechos que justificarían la intervención del fuero Penal Económico. A partir de allí, esta nueva causa tramita en el juzgado a cargo del juez Aguinsky. El magistrado pone en conocimiento de los hechos a la fiscal Luz María Rivas Diez, quien rápidamente comienza la investigación.

Rivas Diez analiza una serie de contratos celebrados entre Laboratorios Esme y la sociedad venezolana SUVINCA (Suministros Venezolanos Industriales). Por esos contratos, Laboratorios Esme habría recibido entre los años 2009 y 2015 la suma de USD 89.370.130, mientras que -en realidad- lo que exportó ascendería a un monto de USD 47.447.347. No sólo recibió mucho más que lo que exportó sino que la empresa de Juan José Levy cobró un millón novecientos mil dólares por reintegros por las exportaciones.

Con esta información, la fiscal Rivas Diez pide que se inicie la instrucción para investigar la posible comisión de los delitos de balance falso, contrabando y lavado de dinero.

Rivas Diez detectó que Laboratorios Esme habría recibido sumas millonarias sin haberse hecho la contraprestación correspondiente, que las exportaciones a Venezuela se habrían documentado por valores superiores a los reales. Por si esto fuera poco, la fiscal consideró que la empresa de Levy no tendría la capacidad productiva para cumplir con el contrato en cuestión.

No sólo eso, Rivas Diez también encontró que el Banco de Galicia realizó el 2 de octubre de 2015 un reporte de operación sospechosa respecto de la empresa Laboratorios Esme. El 11 de agosto de 2015, la compañía de Juan José Levy hizo una operación a través de las cuentas corrientes que tiene en el Galicia por casi 205 millones y medio de pesos ($ 205.457.361). Esto disparó una alerta en el sistema de monitoreo, ya que el monto de la operatoria no era compatible con el perfil del cliente del banco. Por este hecho la entidad bancaria solicitó información a Laboratorios Levy a fin de actualizar el perfil y, sin embargo, la documentación presentada por la empresa de Levy no fue suficiente para justificar la magnitud de la operación.

Las mercaderías exportadas por Laboratorios Esme a Venezuela habrían sido declaradas a un precio que superaría ampliamente el de mercado, es decir, por un lado se sobrevaluó lo exportado y, a su vez, Laboratorios Esme cobró reintegros por las exportaciones realizadas.

Algo que llamó mucho la atención de los investigadores es que la continuidad de la ejecución del contrato se detuvo de manera intempestiva por una simple nota enviada por SUVINCA que solicitaba frenar los embarques.

Con todos esos elementos, la fiscal Rivas Diez solicita al juez Marcelo Aguinsky el dictado de medidas cautelares con el fin de “prevenir la pérdida de los bienes producto del accionar delictivo investigado”.

Aguinsky también ordenó que se realizaran una serie de allanamientos al domicilio de Levy y a Bleutel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Laboratorios Esme, todas sociedades controladas por el empresario vinculado a Julio De Vido. Como resultado, descubren no sólo la maniobra de Laboratorios Esme sino también una realizada por Bleutel, otra de las sociedades de Levy. En este último caso, la fiscal logró determinar que Bleutel cobró 100 millones de dólares por “gestionar” una venta de decodificadores y antenas chinos a Venezuela. La venta habría sido -según la investigación a la que tuvo acceso Infobae– directamente de China a Venezuela. Sin embargo, Bleutel cobró a través del fideicomiso argentino-venezolano. Esta operación se documentó con una factura argentina de Bleutel.

Luego de esta investigación, y a pedido de la fiscal Rivas Diez, el juez Marcelo Aguinsky ordenó embargar las cuentas de Levy y de sus empresas por la suma de 300 millones de pesos. La defensa de Levy apeló el fallo y la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó la decisión del juez Aguinsky. Esta sentencia es de suma relevancia ya que es una de las primeras que avala el embargo preventivo en causas por lavado de dinero.

Este mediodía, el ex ministro de Planificación se despegó del caso Levy: “Esta persona o su empresa seguramente son una más de las centenares de empresas que exportaron sus productos a Venezuela”, afirmó en una serie de tuits publicados en su cuenta oficial. (Fuente Infobae)

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