sábado 23 de septiembre, 2017

EL GOBIERNO REPLANTEA UN NUEVO CUADRO TARIFARIO PARA EL GAS

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EL GOBIERNO REPLANTEA UN NUEVO CUADRO TARIFARIO PARA EL GAS

El gobierno intenta anticiparse a la instancia judicial pendiente y a la aún pendiente convocatoria a audiencias públicas y replantea un cuadro tarifario para el gas con el 400% de tope en los aumentos prorrateado en las escalas de consumo de unos 2,5 millones de hogares y amplía la denominada tarifa social a 1,5 millón. Calculó que de este modo el 87% de los usuarios de todo el país no superará los $ 500 por mes. Si bien nada tienen que ver este tope con los montos estrambóticos que encendieron el reclamo generalizado y provocaron la intervención judicial, más lejos aún que durante la administración kirchnerista se ubican en la estructura de subsidios de energía basada en hidrocarburos que regía en varios países del G20 que publica el periódico británico The Guardian, con datos del FMI: el subsidio ya en ese momento era de US$ 430 por persona, muy por debajo del resto de los países, incluida Alemania, el bloque europeo, Japón, Australia, Canadá, Rusia y Arabia Saudita, entre otros. Este tarifazo, inclusive atenuado después del craso error original que esgrimen con satisfacción de Marcos Peña para abajo, hará que las distancias en el cuadro internacional de los subsidios se multipliquen aún más.
Un clima de distensión ganó las áreas del gobierno más conectadas con el tarifazo que conmociona al país cuando en este impasse que determinó la justicia para las facturas de gas del período mayo-junio se hizo un repaso con el tope del 400% luego del cual se corregirán los montos para más de 2,5 millones de hogares, con lo que el 87% de los usuarios de todo el país no superará los $ 500 por mes.
El replanteo de la tarifa social llevó a 1,5 millón la cantidad de hogares a los que les liquidarán los servicios de transporte y de distribución, lo mismo que fue ampliado el programa de garrafa social. El cálculo más sensible cuadruplicó la estimación original de pobreza que requiere de especial asistencia.
Para casi el 70% de la población que está fuera de la ponderación excepcional y recibe el gas por redes domiciliarias se reconsideraron los cuadros que se cargaron en las facturas que causaron estupor en la sociedad, por lo que ahora son progresivos y se les cobra a los que menos consumen un 58% menos que a los que están en los niveles superiores.
Los funcionarios que rodean al presidente Mauricio Macri se sienten orgullosos de la solución encontrada y se envalentonan: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó que “tarde o temprano habrá que pagar” el aumento de la tarifa del gas, e instó incluso a “pagar ahora, para no tener que pagar todo después”.
Durante su participación en la exposición Rural en Palermo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue más lejos y le puso presión a la Justicia: si congela las tarifas e impide que haya aumentos, el país sería muy perjudicado. “Nos vamos a quedar sin energía y sin trabajo”.
Más allá de las correcciones aplicadas ahora a un error garrafal de concepto en disponer aumentos que aunque no se pudieron implementar por el bloqueo judicial afectaron a la economía y perjudicaron a la población por las remarcaciones de precios que se tuvieron que afrontar en mayo y junio (Jorge Todesca puede dar fé de ello), se ve que de Peña para abajo ninguno leyó a Platón (no a Marx, ni Laclau, de quienes pueden sentirse en las antípodas ideológicas) cuando decía que “nuestra ley no se encamina a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en todo el Estado”.
Desconocen que la noción de servicio público trasciende a cualquier gestión pasajera, porque se originó en Francia y ha sido desarrollada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia: el Estado social de Derecho la materializa en pro del bienestar de todos los ciudadanos, y garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos es un deber del Estado para con sus asociados, ya sean prestados por él directamente o por particulares.
El ex ministro de Educación de Chubut y hoy docente universitario, Rubén Zárate, escribió en la web neuquina “Va con Firma” que ya antes del tarifazo “en Argentina el subsidio era de U$430 por persona, muy por debajo del resto de los países”, según publica el periódico británico The Guardian, con datos del FMI sobre la estructura de subsidios de energía basada en hidrocarburos en varios países del mundo del G20.
O sea que ya durante el gobierno de Cristina Kirchner el subsidio a los servicios públicos estaba un 50% debajo del aplicado en la Unión Europea y en Alemania, en particular. Era 3 veces inferior al canadiense, australiano y japonés. 5 veces menor al de Rusia y 8 veces inferior al que asigna Arabia Saudita.
Zárate interpreta que “el problema de fondo es que el gobierno considera el tema a precios de mercancía en el mercado, desconociendo que la energía, como en el resto de los países, se debe considerar un servicio público, por lo cual su valor se especifica en una tarifa”.
Recuerda en tal sentido que “el costo de las tarifas para los ciudadanos se define al menos en función de las políticas de desarrollo y empleo (especialmente en las provincias productoras), la generación y distribución de la renta y la capacidad de ingresos de la sociedad para acceder a ellos”.
Subraya asimismo que “las tarifas deben ser ´asequibles´, según dicen las leyes que el gobierno debe cumplir. O sea “que pueden conseguirse o alcanzarse, por eso es que su valor debe definirse incluyendo audiencias públicas y no sólo (a través de) una compulsa de mercado”.
La Constitución Nacional señala en el artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Contra el enfoque de un Estado empresarial, la Carta Magna establece que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”, señala Zárate en su columna.
Y finalmente encomienda a la legislación establecer “procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Nada de eso trasunta el rediseño de la facturación realizado por el gobierno, según el cual “la rebaja del gas beneficiará en especial a los mayores consumidores residenciales de ese insumo, que implica especialmente a casas o departamentos de mayor tamaño, si bien en la lista de favorecidos también hay usuarios que usan menos gas”, publica La Nación.
De acuerdo con una lista que circula por los pasillos oficiales a la que tuvo acceso el matutino, los usuarios que recibirán las rebajas se distribuyen de forma relativamente parecida en toda la geografía argentina.
“Entre los clientes de Metrogás, la mayor distribuidora de gas del país, que atiende a la Capital Federal y a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, habrá más de 598.000 familias a las que se le aplicará la rebaja, mientras que en la zona de Camuzzi (atiende la región pampeana y el sur del país) se les bajará el precio del gas a más de 502.198 usuarios”, sostiene, quizá sin haber tenido en cuenta para el análisis que en esa zona las diferencias que se pagaban por los servicios eran siderales en relación con las vigentes en el área metropolitana de Buenos Aires.
Transcribe el diario de la familia Saguier Noble Mitre que la mayor cantidad de “beneficiados” estará en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, bajo la concesión de Gasnor. Suman 418.455 hogares.
Por caso, en la zona de Metrogas un cliente denominado R1 (bajo consumo) paga $ 2,34 el metro cúbico, mientras que uno denominado R34, en la franja de los usos más altos, tiene un precio de $ 5,49.

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