sábado 24 de junio, 2017

El kirchnerismo llevó de 180 mil a 1,8 millones las pensiones por invalidez.

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En 2015 también se dieron de bajas miles de pensiones.

El kirchnerismo llevó de 180 mil a 1,8 millones las pensiones por invalidez.

Las finanzas públicas registran varios rubros con desvíos en los presupuestos en más de una década que sólo pueden explicarse por casos de guerras o catástrofes.

En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas “no contributivas”. Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, incompatible con un país que no ha sufrido catástrofes humanas de ninguna índole que las justificaran.

Según dio cuenta en un informe el economista Federico Muñoz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, osciló entre 72.000 y 79.000 personas.

Pero con la llegada a la presidencia de Néstor Kichner comenzó un ciclo de incorporación a un ritmo inédito: 81.359 en los siete meses de gestión en 2003 hasta 230.847 al fin del mandato.

Un estudio privado detectó que durante el gobierno de Néstor Kirchner las pensiones por invalidez se elevaron de 79.000 beneficiarios a más de 230 mil; y en los 8 años de presidencia de Cristina Kirchner se sumaron más de 800 mil personas.

El proceso se intensificó en los ocho años de gobierno de Cristina Elizabet Kirchner, porque incorporó unas 500 mil personas en sus primeros cuatro años y agregó otras 350 mil en el siguiente.

Sin embargo, los números que difundió el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2015 conduce Carolina Stanley, quien luego da la instrucción de pago a la Anses, parten de 180 mil beneficiarios en 2003 y escalan hasta 1,8 millones doce años después.

Semejante dinámica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de catástrofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la población argentina.

Se sabe que históricamente la administración pública no se ha caracterizado por la excelencia, y por tanto no sólo se destaca el despilfarro de los ingresos que se obtienen por la vía de impuestos, como también por el endeudamiento desmedido y la emisión descontroladas; sino también por desatender las reales necesidades de muchos trabajadores y de familias argentinas.

A partir de allí, y de la contundencia de las estadísticas oficiales sobre el crecimiento de las pensiones no contributivas, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de depuración de la nómina, para que el beneficio alcance exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, y en los términos que define la legislación vigente.

LA RESPUESTA OFICIAL

En relación a los supuestos recortes de pensiones por invalidez debido a razones presupuestarias, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aclaró que:

1. En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. De esta forma, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones.

2. El padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes.

3. El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo en declaraciones radiales que “en 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios. Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido”.

4. “Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo”, agregó Badino. El objetivo de la actual gestión es brindar transparencia al sistema, de manera de asegurar su sustentabilidad y de evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.

5. Es importante destacar que si algún pensionado es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos. A tal efecto, se solicita que los pensionados se dirijan a los Centros de Atención Local que correspondan a su domicilio.

6. Las suspensiones no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación. (Fuente Infobae/Foto: el presidente Macri con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley)

70 MIL BAJAS

El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad. Según pudo saber Clarín, el recorte se acentuó en los últimos tres meses. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. Este diario también confirmó que hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

Para concretar el recorte, el ministerio de Desarrollo Social echó mano del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, aunque legisladores y abogados advierten que es errada la lectura puesto que afirman que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo. Asimismo, desde el ministerio de Desarrollo Social, tras la nota que anteayer publicó Clarín finalmente aclaró a este diario cuáles son los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:

– Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

– Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

En el ministerio que conduce Carolina Stanley se negaron a brindar datos exactos de las bajas, aunque este diario accedió a la información oficial. “Esas personas están en un proceso, si reclaman y constatamos que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día, así que preferimos no hablar de número bajas”, dijo a Clarín el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

“El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, dijo Badino. “El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, dijo a Clarín el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro. “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.

Badino reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó. El funcionario admite que maneja más de un punto porcentual del producto bruto en presupuesto con todas las pensiones asistenciales, una caja para nada despreciable en épocas de vacas flacas y en momentos en los que el Gobierno lucha para alcanzar la meta del 4,2% de deficit fiscal. Dice el funcionario que este año entregó 34 mil pensiones nuevas, pero se niega a dar el número de las suspensiones, y destaca que en 2015 y 2016 también hubo bajas. También reconoce “que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”. (Fuente Clarin)

EN 2015 TAMBIEN SE DIERON DE BAJA

Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, hizo este martes algunas aclaraciones luego de eliminar en lo que va del año alrededor de 70 mil pensiones por discapacidad debido a irregularidades detectadas en la gestión anterior.

“De ninguna manera estamos dando de baja el total de pensiones por invalidez, que es de más de 1 millón”, aclaró Stanley, entrevistada por Ari Paluch en radio Latina.

“Se sigue trabajando con el mismo sistema, se dan altas todos los meses con los mismos criterios desde hace muchos años”, agregó la funcionaria.

La ministra además explicó que el cambio mensual en la cantidad de personas que reciben esas pensiones se da porque “se hacen distintos cruces administrativos” con el objetivo de actualizar los padrones por temas como la muerte de una persona o que haya conseguido un trabajo. “Por estos cruces de datos administrativos, que tienen que ver con distintas situaciones, se dan de baja pensiones”, detalló.

En esa línea, Stanley sostuvo que es habitual que el Estado modifique los padrones de quienes reciben esas pensiones, y recordó que “en 2015 se dieron de baja 168.000 pensiones con los mismos criterios que usamos hoy”.

Sin embargo, la ministra reconoció que “siempre se pueden cometer errores” y que en esos casos se harán las correcciones que sean necesarias.

“Quiero aprovechar para decirle a la gente que en los casos en los que se ha dado de baja la pensión y es un error, si creen que merecen la pensión, tenemos el 0800-222-3294 al que se puede llamar para rever los casos en los que se dio una baja que no debía ocurrir”, indicó al respecto.

Por último, Stanley explicó que estas pensiones son “por invalidez laborativa”, lo que implica que “la persona tenga un alto grado de vulnerabilidad” que no le permita trabajar al mismo nivel que una persona sin discapacidad.

Al respecto, la ministra contó que “además de las pensiones por invalidez hay otro tipo de ayuda del Estado a las personas que tienen discapacidad: hay una AUH para chicos con discapacidad, hay distintos tipos de subsidios a distintos tipos de discapacidades”. (Fuente Infobae)

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