viernes 22 de septiembre, 2017

Memorias del terrorismo de Estado.

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Por Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación.

Memorias del terrorismo de Estado.

El pasado nunca termina de pasar en la Argentina. Dos hechos recientes han colocado sobre la mesa acontecimientos poco divulgados de los violentos años ‘70: por un lado, un reciente fallo de la justicia chilena referido a la denominada Operación Colombo y, por el otro, la desclasificación de un decreto secreto que el ex presidente Perón firmó poco antes de su fallecimiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile condenó a agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro y desaparición de militantes de izquierda en la Operación Colombo, que consistió en la sustitución de identidades de 119 cadáveres en el invierno de 1975. El macabro operativo se realizó mediante la acción conjunta de los gobiernos de Argentina y Chile con el objeto de encubrir las muertes clandestinas ocurridas en un país con cuerpos de desaparecidos del otro.

También se trabajó coordinadamente en la campaña de desinformación. Desde la Argentina, el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega se valió de una editorial expropiada para lanzar un medio gráfico que difundió la siguiente noticia: “extremistas chilenos han sido eliminados (…) por sus propios compañeros de lucha, en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política”. El artículo apareció el 15 de julio de 1975 en la página 22 del primer y único número de la revista Lea. No llevaba firma y decía provenir de una corresponsalía en México, ciudad desde donde “la debilitada unión popular en el exilio” supuestamente había dejado trascender los hechos. El epígrafe de la foto de Salvador Allende que ilustraba el texto decía “’El Padrino’ mata desde la tumba”. Los medios chilenos replicaron la noticia.

El segundo hecho, la desclasificación de un decreto secreto del ex presidente Juan Domingo Perón, contribuye a la comprensión de aquellos tiempos violentos. El Boletín Oficial del pasado 26 de mayo reproduce el texto del Decreto Secreto 1302 firmado por Perón en abril de 1974 mediante el cual aprobaba “las Directivas para los Conflictos Graves denominados Topo y Yacaré y las Directivas para el Planeamiento de la Guerra eventual correspondiente a la Hipótesis denominada Alfil”. Allí se explica que el objetivo para superar el conflicto era “eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente el régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”.

Allí donde Perón habilitaba la represión dentro del país, incluso frente a “acciones no violentas”, la Operación Colombo –un año después de firmado el decreto secreto-, es una muestra de cómo esa violencia ejercida ilegalmente por las autoridades trascendió las fronteras en una suerte de Internacional del Terrorismo de Estado.

En efecto, la colaboración ilícita y la perpetración conjunta de delitos de lesa humanidad por parte de gobiernos en el Cono Sur es anterior a la formalización del más sistemático Plan Cóndor, del cual Estados Unidos tuvo, al menos, conocimiento. Un documento del Departamento de Estado de ese país titulado Summary of Argentine Law and Practice on Terrorism da cuenta de cómo, a fin de marzo de 1974, “el Presidente Perón autorizó a la Policía Federal y a los Servicios de Inteligencia a cooperar con sus pares chilenos en la detención de los extremistas chilenos exiliados en la Argentina. Arreglos similares habían sido dispuestos con los servicios de seguridad de Bolivia, Uruguay y Brasil (…) Esta autorización supuestamente incluía el arresto de tales exiliados y su traslado al país de origen sin recurrir a procedimientos legales.” Así lo afirma, también, un informe de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile del 8 de agosto de 1975 en el que se dice que “fuerzas de seguridad argentinas y/o grupos como la Triple A y elementos ligados a López Rega tuvieron, como mínimo, cooperación tácita con el gobierno de Chile en esta materia.” Del mismo modo, el contenido del Decreto Secreto recién desclasificado puede entenderse como uno de los afluentes que contribuyó a que el derramamiento de sangre se volviera un hecho cotidiano en la disputa política. En su libro Política y/o Violencia, Pilar Calveiro dimensiona este capítulo cruento de la historia argentina: entre mayo de 1974 y marzo de 1976, 6.749 hechos armados segaron 2.300 vidas.

Los primeros años de la dictadura en Chile coincidieron con el retorno de Perón a la Argentina y el histórico resultado de la elección para ejercer una tercera presidencia. A una semana del golpe militar en el país vecino, la Argentina reconoció al gobierno de Pinochet, antes incluso de que lo hiciera el Presidente Nixon, quien contribuyera decisivamente al derrocamiento de Salvador Allende.

Ambos gobiernos sostuvieron estrechas relaciones bilaterales, coronadas por tres muestras de apoyo: el encuentro, en mayo de 1974, de Perón y Pinochet en el aeropuerto de Morón; la “Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar” que el gobierno Justicialista entregó al dictador chileno al cumplirse el primer aniversario del golpe y la visita de Pinochet a la Argentina para reunirse con María Estela Martínez en 1975.

La cercanía política de los gobiernos de Pinochet y Perón se expresó, asimismo, cuando la Argentina aportó su voto en las Naciones Unidas para rechazar los proyectos de condena a la violación de los derechos humanos en Chile en 1974 y 1975. La sanción –con el voto negativo de nuestro país y la abstención de Estados Unidos- fue aprobada. (Jesús Rodríguez es economista y político. Auditor General de la Nación para Clarín//Foto del golpe militar en Chicle contra Salvador Allende)

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