Una multitud marchó a Tribunales por «la impunidad y la corrupción».

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Autoconvocados por las redes sociales y molestos por las recientes excarcelaciones concedidas a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, cientos de personas volvieron a marchar este jueves hasta las puertas del Palacio de Tribunales para protestar contra la impunidad en los casos de corrupción, la parálisis de causas sensibles y los delitos violentos.

“Hartos de impunidad y corrupción”, “Justicia limpia” y “basta de jueces cómplices”, fueron algunos de los mensajes que exhibieron los manifestantes, quienes a las 19 en punto entonaron el himno nacional. “Basta de fueros”, también clamaron.

Aunque desde la organización llamaron a no recurrir a nombres propios, los concurrentes reclamaron el juicio político a Jorge Ballestero -uno de los camaristas que votó a favor de la excarcelación del empresario Cristóbal López-, y apuntaron contra Eugenio Zaffaroni, el ex miembro del máximo tribunal al que definieron como el “juez de los prostíbulos”.

En el escenario montado frente al edificio ubicado en la calle Talcahuano al 300, el constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que «el hecho convocante por el que estamos aquí fue la liberación de Cristóbal López» y llamó a “cambiar la ley”. En ese sentido, enumeró una serie de propuestas para «mejorar la transparencia y la eficiencia en la Justicia»:

Duplicar el numero de los juzgados federales, diluyendo el poder que utilizan como herramienta. Además, se colapsan por la cantidad de causas y es una excusa para no avanzar.
Despolitizar el Consejo de la Magistratura, ya que siete de sus 13 miembros responden al sector político.

Acotar los tiempos de duración de los procesos: una justicia lenta, no es justicia. El plazo razonable es una medida esencial. En Brasil, el Lava Jato tuvo condenados en dos años, pero en Argentina las causas por corrupción se extienden por diez años en promedio y en general son cerradas.

No hay que privilegiar al victimario, sino a la víctima. Vivimos en el peor de los mundos. Desde el momento que comete el delito, el victimario tiene la protección de todo el Estado, empezando por un abogado, la víctima no.

La sanción de la ley de extinción de dominio. El proyecto fue aprobado en Diputado, pero desde hace más de un año duerme en el Senado. A alguien no le gusta que se sancione.
“Afiancemos la Justicia para nosotros, para nuestros hijos, para todos aquellos que queremos que vivan en un país mejor”, cerró Sabsay, único orador del acto.

Entre quienes auspician la movilización se destacaron la organización Usina de Justicia, que coordina la filósofa Diana Cohen Agrest; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, el Foro de Convergencia Empresarial, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi.

Sin proponérselo, los convocantes a la marcha eligieron un día caliente: este mismo jueves, el Consejo de la Magistratura difundió los resultados de las auditorías sobre los juzgados federales y laborales de todo el país. De acuerdo al estudio, entre 1996 y 2016, se tramitaron 9.476 causas de corrupción, de las cuales aún siguen abiertas 2.178. De las concluidas, poco más de la mitad terminó con condenas (55%).

Por aclamación, el delito más juzgado fue el de defraudación contra la administración pública (2.303 expedientes), seguido de lejos con un triple empate entre malversación de caudales públicos por robo de dinero, bienes o servicios del Estado (456 causas), abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (440). Las coimas tienen sólo 404 casos tramitados en 20 años. (Fuente Clarín // Fotos Mario Quinteros)

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