Novedades en la causa «Seguros»

Se trata de Daniel Rodríguez, un ex policía que terminó a cargo de la quinta Presidencial durante los cuatro años del gobierno anterior. El juez Ercolini le secuestró el celular, que ahora será peritado. Infobae había adelantado que lo estaban investigando.

Los teléfonos de Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, comenzaron a aportar indicios y nuevas líneas de investigación en la causa de los seguros. Analizando los mensajes de esos celulares, los investigadores descubrieron varios inmuebles que hasta ahora no habían sido allanados. Así encontraron un depósito en Nordelta, donde se almacenaba documentación, una oficina en San Isidro, y una casa en la localidad de Martínez. En ese último domicilio, la Policía se encontró con Daniel “El Gordo” Rodríguez, una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la quinta de Olivos entre 2019 y 2023.

Rodríguez conoció al ex presidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Luego pasó a encargarse de sus cuestiones personales, una suerte de cadete todo terreno.

Pasaron los años y Rodríguez (64) terminó trabajando para Martínez Sosa. Ese paso por las oficinas del broker, sin embargo, no figura en sus registros laborales.

Cuando Fernández fue ungido como candidato presidencial, a fines de 2019, “El Gordo”, como lo conocen sus amigos, volvió a trabajar como su chofer y lo acompañó por todo el país. Sus pocas apariciones públicas se remontan a esos días. Luego del triunfo electoral, Fernández decidió premiarlo y lo nombró como “intendente” de la quinta de Olivos. Ese nuevo rol lo llevó a interactuar con el veterinario de los perros, con el personal de mantenimiento, y hasta con los mozos.

Rodríguez vivía en la quinta pero utilizaba una casa, a metros del shopping Unicenter, donde tenía mayor privacidad. Lo que nadie sabía es que ese domicilio, en la calle Maestra Elizarraga al 2600, está a nombre de Martínez Sosa. “Fue adquirida (por el broker) el 12 de septiembre de 2022″, detalló una fuente con acceso al expediente.

La Policía llegó a ese lugar hace dos semanas y se encontró con el hombre de mayor confianza de Fernández. El allanamiento no fue valioso para la investigación pero le secuestraron su celular. Cuando sea peritado, ese teléfono puede generar un cimbronazo en la causa, con rebotes impensados.

Rodríguez no escondía esa propiedad. De hecho, en diciembre del año pasado, cuando inició los trámites ante la ANSES para la jubilación de Alberto Fernández, en su rol de apoderado, “El Gordo” declaró que vivía en la casa de Maestra Elizarraga. En ese documento, el ex presidente declaró que sigue viviendo en el departamento de su amigo, Enrique “Pepe” Albistur, en Puerto Madero.

Alberto Fernandez, Hector Martinez Sosa, y Rodriguez.

Desde que estalló el escándalo, el broker y Alberto Fernández intentaron despegarse entre sí, pero hay datos que confirman una relación estrecha de más de 15 años. Por empezar, la mujer de Martínez Sosa es secretaria del ex presidente desde que estaba en la Superintendencia de Seguros, a fines de los 90. Además, el broker le prestó USD 20 mil y sigue apareciendo en las declaraciones juradas. Durante los últimos cuatro años, Martínez Sosa ingresó al menos cuatro veces a Olivos. El broker asegura que iba a visitar a su ex empleado: “El Gordo” Rodríguez.

“Nunca he ni hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, lanzó el broker apenas estalló el escándalo. Fue el comienzo del operativo para intentar desligar sus negocios del ex presidente. En paralelo, la Justicia acumuló decenas de pruebas. El dato de la casa, sorprendió a los propios investigadores.

La casa de Martínez Sosa allanada en marzo (Gastón Taylor)

Todo comenzó con el allanamiento a la casa de Martínez Sosa y María Cantero, el 4 de marzo. Durante ese procedimiento, el juez secuestró varios teléfonos que fueron peritados. Los mensajes de los celulares se cruzaron con información del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires y la AFIP, y derivaron en la última tanda de allanamientos, el 10 de junio, demorada por la recusación que intentó Alberto Fernández para apartar a Ercolini.

Además de la casa donde estaba Rodríguez, el magistrado allanó un complejo de oficinas denominado “Palacio Punta Chica”, en la localidad de Beccar, en San Isidro, y un depósito llamado “Urban Storage Nordelta”, donde se puede guardar desde documentación hasta autos de colección.

También hubo procedimientos en las oficinas ubicadas en la ciudad de Río Grande (Ushuaia), en un caserón ubicado en la calle Prado al 2800 (en Victoria), otra vivienda en General Arias 2297 (también en Victoria), y en un country en Pilar, donde el matrimonio tendría un lote.

Martínez Sosa tenía un depósito en “Urban Storage Nordelta”.

En todos esos lugares, la Policía tenía la orden de buscar notebooks de Martínez Sosa. La Justicia busca esas computadoras desde marzo, cuando encontró una agenda donde el empresario había anotado las claves de ingreso.

Luego de los allanamientos, Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de varias empresas satélites de Martínez Sosa, como Bri Brokers y Levelar, y de la firma “Paris Broker”, ligada a Pablo Torres García, un empresario ligado al massismo y al PRO.

En la primera etapa de la investigación, el juez había apuntado a los cinco principales brokers: Bachellier, Martínez Sosa, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. Esas empresas cobraron casi $2800 millones por comisiones en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Ahora sumó a Bri Brokers y a Levelar, que aparecen en puesto 8 y 11 del ranking elaborado por Nación Seguros, entre otras. “Además de su relevancia dentro del monto total de la maniobra, existen otros indicios que tornan conveniente profundizar la pesquisa sobre los mismos”, explicó el juez en una breve resolución.

La semana pasada, Ercolini también realizó operativos en una decena de organismos públicos como el Banco Central o la Fuerza Aérea para llevarse documentación sobre los contratos y los intermediarios involucrados. El juez ya tiene probando que muchos de esos intermediarios fueron puestos a dedo, como quedó expuesto en el caso de la ANSES.

Con ese caudal de pruebas, se vienen semanas agitadas para todos los imputados.

(Imagen principal: La casa donde vive Rodriguez, a pocas cuadras del Unicenter // Por Nicolás Pizzi para Infobae)

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