Los abogados del Ministerio presentaron un informe detallado para evitar sanciones y luego pidieron a la Cámara de Casación que revoque la decisión judicial del magistrado, a quien acusaron de «entrometerse».
Luego de haber entregado un informe acerca del plan de distribución de los alimentos almacenados, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación para rechazar el fallo del juez Sebastián Casanello que confirmó la medida. A través del escrito, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostiene que el magistrado se «entrometió» en la administración del Poder Ejecutivo.
Los abogados del ministerio que concentra áreas como Educación, Cultura, Trabajo, Niñez y Seguridad Social presentaron dos escritos. El primero detalla el plan de distribución de la comida, haciendo foco en su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y se entregó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello, para evitar que los funcionarios sean denunciados.
Poco después, los letrados apelaron ante la Cámara Federal de Casación Penal con el fin de solicitar que se revoque la decisión judicial. “Sin perjuicio del recurso de Casación que aquí se interpone, se informe que esta parte ha efectuado un presentación ante el juez de grado mediante el cual se acompañó un plan de distribución», comienza diciendo el documento.
«Ello con la finalidad de que la conducta de los funcionarios intervinientes no pueda dar lugar a la eventual imputación de algún delito en atención a los términos en que fue dictada la sentencia que recurro. Pero dicha presentación no implica en modo alguno un consentimiento de la resolución”, continúa el escrito, que al mismo tiempo aclara que la apelación se fundamenta “en la posición asumida por el Poder Judicial”.
De esta manera, Capital Humano hizo referencia a la división de poderes y sostuvo que “el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios”.
El juez federal Sebastián Casanello.
Las críticas del área a cargo de Pettovello no solo fueron contra el juez instructor, sino también contra los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes confirmaron la cautelar del magistrado de primera instancia y resolvieron que se presente un informe para conocer como se repartirían los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli, en Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.
“La decisión de la Cámara de Apelaciones implica sustituir la voluntad de la administración en la elección de la política de acopio y distribución alimentaria y finalidad de los alimentos -que pueden ser, como en el caso de autos, para situaciones de emergencia- transgrediendo el sistema republicano el gobierno y la separación de poderes que esto conlleva”, aseguraron.
El plan de distribución de alimentos del Gobierno
La presentación que el Gobierno le entregó el lunes al juez Casanello es un informe complementario al de la conflictiva audiencia que mantuvieron el dirigente social Juan Grabois y la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni.
El documento menciona que ya se entregó la leche en polvo y el harina de maíz que estaban próximos a vencer y consultó sobre la yerba mate que inicialmente se pensaba que estaba en mal estado. También explicaron que el resto de los productos serán entregados a escuelas vulnerables.
El depósito de alimentos del Gobierno en la localidad de Villa Martelli.
A su vez, los funcionarios nacionales le propusieron al Poder Judicial que las áreas de desarrollo social de todas las provincias se sumen al plan para repartir los alimentos. “Los porcentajes de asignación de alimentos en las provincias que adhieran se definirán a partir de una lógica de distribuidor de recursos alimentarios utilizando el ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación)», añade.
«La manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente. Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos”, dice el texto firmado por Gianni.
“La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración que deberá suscribirse a tal efecto”, concluye.
(Imagen: Sandra Pettovello, NA)
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