La decisión del Tribunal Supremo brasileño convierte el país en el más poblado que da ese paso y elimina el castigo penal por debajo de los 40 gramos.
El asunto es tan sensible en Brasil y las presiones tantas que el Tribunal Supremo ha deliberado durante nueve años antes de decidir, este miércoles en Brasilia, despenalizar el consumo de marihuana. Es el país más poblado (203 millones) entre los que han dado ese paso. Los magistrados tomaron una segunda decisión trascendental. Fijaron en 40 gramos de hierba (suficiente para 80 porros) o seis plantas hembra el umbral para diferenciar a un consumidor de un traficante. La ley de drogas vigente dejaba esa crucial distinción en manos de jueces, fiscales y policías, que con un notable sesgo racista tienden a considerar que, con la misma cantidad de droga, un blanco es usuario y un negro, traficante. El nuevo criterio abre la puerta a la revisión de miles de condenas, según los jueces.
Brasil se suma así a una veintena larga de países como Holanda, la pionera en los setenta, Colombia, México, Italia o Alemania que permiten el consumo. La decisión de la máxima corte brasileña significa que, si una persona es detenida con menos de 40 gramos de cannabis, no será fichada, ni tendrá antecedentes salvo que existan otros indicios, como una balanza o un listado de domicilios, que indiquen que la mercancía es para la venta. Fumarse un cigarrillo de maría sigue prohibido, pero ahora el castigo será una sanción administrativa o una bronca del juez. En cualquier caso, la hierba será confiscada.
Un abogado que litiga ante el Supremo aprovechó la histórica decisión para difundir en X una de esas sentencias que muestra la dureza de la ley actual. En noviembre de 2019, una persona fue condenada a seis años y nueve meses de cárcel en régimen cerrado tras serle incautado un gramo de marihuana. Se desconoce su género, edad o color de piel, pero la estadística apunta que, probablemente, sea un hombre negro, joven que vive en una favela. Aunque los varones negros y mestizos suman el 27% de la población brasileña, suponen más del 60% de los acusados por la ley de drogas.
Más de 6.000 casos judiciales estaban en suspenso a la espera de este fallo del máximo tribunal. Un estudio de IPEA (el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) presentado durante las deliberaciones estimó que, con la despenalización por debajo de los 100 gramos, unos 60.000 reclusos quedarían en libertad. Fijado el criterio, los afectados pueden pedir la revisión de sus penas.
El presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, explicó tras la decisión los motivos que llevaron a los magistrados a adentrarse en este terreno minado y pronunciarse finalmente. “Es una manera de lidiar con un problema que es el hiperencarcelamiento de jóvenes novatos con buenos antecedentes por portar pequeñas cantidades de droga”. Añadió el togado que, a falta de una definición clara para separar al consumidor del traficante, “existen una gran discriminación hacia las personas pobres, generalmente negras, que viven en las periferias” de las ciudades. No solo eso. Otro problema, subrayado por el juez, es que “ese encarcelamiento exacerbado suministra mano de obra al crimen organizado en las cárceles brasileñas”.
Por partes. El Congreso de Brasil aprobó en 2006, durante el primer Gobierno del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, una ley de drogas teóricamente elaborada para que los consumidores pudieran cumplir su castigo con trabajos comunitarios, sin pisar una prisión. Pero, como sus señorías no distinguieron con claridad a quien fuma de quien se dedica a la comprabventa, tuvo un efecto terriblemente perverso.
¿Consecuencias? Uno, disparó el encarcelamiento de chavales negros detenidos con pequeñas cantidades de droga. Desde el año 2000 la población carcelaria brasileña se ha multiplicado por 3,5 hasta las 850.00 personas, lo que le coloca solo por detrás de Estados Unidos (1,7 millones) y China (1,6 millones), según World Prison Brief. Pero las más de mil prisiones repartidas por el país no dan abasto. La red está saturada; los presos, hacinados. El déficit de plazas carcelarias supera las 200.000.
Gracias a eso y a la debilidad del Estado, otra consecuencia: grupos criminales dominan y gestionan muchas cárceles donde, cuando llega un preso, sea cual sea el delito que lo llevó allí, debe decidir a qué banda quiere unirse durante su estancia, si va a un ala dominada por la hermandad de criminales Primer Comando de la Capital, por el Comando Vermelho —ambas con implantación nacional— o por alguna de las decenas de facciones locales. Una situación que jueces y políticos brasileños consideran indeseable, pero con la que conviven con llamativa naturalidad. Es por eso que el magistrado Barroso se refiere a cortar el flujo de mano de obra criminal. En algunos penales la situación es tan calamitosa que los reclusos dependen de sus familias para comer o tener un cepillo de dientes y jabón.
En la decisión de los togados pesa también un racismo instalado hasta el tuétano de la sociedad. Un estudio académico publicado este mes avala con datos la extendida percepción de que, en asuntos de drogas, las autoridades tratan con más severidad a los afrobrasileños que a sus compatriotas blancos. El doble rasero es especialmente grave cuando la policía los detiene con una pequeña cantidad de marihuana, concluye el Núcleo de Estudios Raciales de la Universidad Insper tras analizar 2,5 millones de denuncias presentadas durante dos décadas por la Policía Militar de São Paulo. Al menos 31.000 negros fueron acusados de ser traficantes en circunstancias en las que blancos fueron considerados simplemente consumidores.
La reacción del presidente ha sido ambivalente. Tras alabar la diferencia legal usuario-traficante, apuntó que “el Supremo no tiene que meterse en todo”. Dos tercios de los brasileños están en contra de la legalización, según Datafolha. Para el expresidente Jair Bolsonaro, “es un flechazo en el pecho de las familias brasileñas” que lidian con las consecuencias de las drogas y “desmoralizante para la policía”.
El asunto es tan controvertido que uno de los magistrados del Supremo hizo un voto particular tan críptico que al día siguiente tuvo que aclarar que estaba a favor de la despenalización. Y el presidente de la corte dio una breve explicación con el ABC de las conclusiones para evitar malentendidos.
La mera idea de que las drogas puedan ser legalizadas aterra a millones de madres de familia brasileñas que ven cada día los estragos que el narcotráfico, la cocaína, el crack o la marihuana causan a sus hijos y en las calles de sus barriadas o en Cracolandia, donde consumidores zombis ocupan varias manzanas del centro de São Paulo. Las Iglesias evangélicas, como el bolsonarismo y la mayoría de los parlamentarios, se oponen frontalmente a cualquier amago de legalización. El Congreso tiene sobre la mesa una propuesta para castigar penalmente la posesión de cualquier estupefacientea partir del primer gramo. En cambio, los editoriales de los grandes diarios han dado la bienvenida a la despenalización del consumo de marihuana.
(Imagen: Una mujer participa en una manifestación a favor de la legalización de marihuana, el pasado día 16 en São Paulo.JORGE SILVA (REUTERS) // Por NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR para El País de España)
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